Congreso rechaza Proyecto de Ley 12 que pone trabas a proceso de colaboración eficaz
Con 39 votos a favor, 54 en contra y 13 abstenciones, el Pleno no aprobó PL que buscaba condenar a autoridades que filtraran testimonios de colaboradores eficaces y a periodistas que difundieran dicha información.
Pese a que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público habían observado la inviabilidad del Proyecto de Ley 12, el Congreso insistió con la reforma, la misma que fue debatida el último jueves 6 de octubre en el Pleno y rechazada con 54 votos en contra.
El Proyecto de Ley 12 agrupaba los proyectos 012/2021-CR y 565/2021-CR, y fue aprobado en enero por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Este proponía la modificación de los artículos 472, 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal y el artículo 409-B del Código Penal. Supuestamente, buscaba fortalecer el proceso de colaboración eficaz, pero según diversos especialistas, tendría el efecto contrario.
Entre los artículos sugeridos por el referido proyecto se prohibía la corroboración de declaraciones entre los aspirantes a la colaboración eficaz. También, se pretendía castigar con prisión de 4 a 6 años a quienes difundieran los testimonios de los aspirantes a la colaboración eficaz. En el caso de funcionarios públicos, la pena podía ir de 5 a 7 años.
Fuerza Popular fue la bancada que, con sus 24 parlamentarios, formó el bloque fuerte en contra del citado Proyecto de Ley. Le siguieron las bancadas de Integridad y Desarrollo (5), Perú Bicentenario (5), Cambio Democrático (4) y Acción Popular (4).
Cabe observar que 12 legisladores de Perú Libre, sumados a los de Acción Popular (9), Bloque Magisterial (5) y Podemos Perú (5), estuvieron a favor del cuestionado Proyecto de Ley. Estas decisiones se han dado en el marco de las investigaciones que se le siguen al entorno del presidente Pedro Castillo y a los legisladores de Acción Popular por el caso “Los Niños”.
En Contra
Incluso la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su momento se pronunció en contra de este proyecto, puesto que favorecería la impunidad.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también se había manifestado en contra del proyecto, puesto que planteaba que los periodistas que difundieran testimonios de colaboradores eficaces sean condenados.