Repartija de puestos. A pedido de la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Martha Moyano, se designó a Milagros Takayama, abogada y excongresista por Fuerza Popular, como jefa del Fondo Editorial del Congreso, organismo vinculado a la Oficialía Mayor del Legislativo, encargado de la promoción, edición y difusión de libros de carácter cultural e histórico, así como del estudio sobre la realidad nacional.
Este nombramiento implica el avance del partido liderado por Keiko Fujimori dentro de los espacios congresales, de cara al periodo 2022 - 2023. Esta posición ganada por el fujimorismo se logró por medio de un acuerdo generado tras la elección de Lady Camones, con la que el Fondo Editorial pasó de estar adscrito a la tercera vicepresidencia a la primera, es decir, a manos de la legisladora Moyano.
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Es una designación que se adhiere más a intereses políticos que a los requerimientos del Fondo Editorial, ya que Takayama no cumple con el perfil idóneo para el puesto, dada su falta de experiencia en labores relacionadas al ámbito cultural y/o editorial.
Oficialización de nombramiento de Milagros Takayama como nueva jefa de Fondo Editorial del Congreso. Foto: Epicentro TV
En contraste, es conocida por su férrea defensa del fujimorismo y sus intereses, así como su militancia en las filas de la organización naranja, con la que llegó a obtener una curul en el Parlamento para el periodo 2016 - 2021. Durante su gestión como congresista, llegó a integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales entre 2017 y 2019, posición desde la cual, junto a otros parlamentarios de Fuerza Popular, entorpeció el proceso de denuncia constitucional que se preparaba desde el Ministerio Público contra el fiscal Pedro Chávarry, a quien se le sindicaba de estar involucrado en tramas de corrupción.
Fue precisamente con el voto de Takayama y de otros fujimoristas como César Segura, Karina Beteta, Freddy Sarmiento, Luis Galarreta y Milagros Salazar que se logró, en junio de 2019, blindar temporalmente a Chavarry, ya que —al ser mayoría— determinaron la desestimación de la denuncia por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, la cual había sido presentada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Durante la campaña presidencial del 2021, Takayama ejerció como personera legal de Fuerza Popular. Tras el fin de la segunda vuelta, que se saldó con la derrota fujimorista, Takayama trabajó en la impugnación de varias actas electorales, a fin de poder revertir el resultado adverso.
Sin embargo, en julio de 2021, terminó siendo denunciada, junto a la excandidata, por el presunto delito contra el derecho de sufragio, luego de que personal de Perú Libre encontrara 27 vouchers que habían sido reutilizados en diferentes expedientes y regiones por Fuerza Popular cuando presentaron las solicitudes de anulación de actas, con el objetivo de que sean calificadas y admitidas a trámite por la entidad competente.