Aunque la segunda legislatura del periodo 2021-2022 terminó, aún quedan temas importantes que se tendrán que tratar luego de la instalación de la nueva Mesa Directiva del Congreso y que deberán ser priorizados en el siguiente periodo que debería iniciar este 27 de julio, según el artículo 11 del reglamento del Legislativo.
De esta manera, la próxima legislatura del Pleno tendrá que revisar importantes reformas como la de la bicameralidad, la derogatoria del Decreto Supremo firmado por Pedro Castillo para “copar la Derrama Magisterial”, la ley que penaliza la difusión de la información en investigaciones fiscales. A continuación, un recuento de las más relevantes.
Si bien esta ley fue aprobada con 71 votos a favor el último día de la legislatura, este 15 de julio, no llegó a alcanzar los 87 votos mínimos para evitar pasar por la consulta popular del referéndum. Sin embargo, apenas se supo que no se había llegado al mínimo de votos, la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, pidió una reconsideración de la votación.
La decisión de Juárez se dio con la intención de que la propuesta sea debatida durante la siguiente legislatura. Esta vez, con la esperanza de que la votación pueda superar los dos tercios mínimos del número de congresistas y sea aprobada sin necesidad de pasar por un referéndum, que, como se supo hace cinco años, rechazó dicha propuesta, pues con ella se busca permitir la reelección de congresistas e incluso se permite que los legisladores pasen de una cámara a otra tras culminar su periodo parlamentario.
El proyecto de Ley 2508/2021-PE, presentado por la PCM, busca sancionar a jueces, fiscales y medios que revelen o difundan información reservada comprendida en toda investigación.
La propuesta planteada por el Ejecutivo es conocida como una nueva “ley mordaza”, pues pone en la mira a magistrados de la Fiscalía de la Nación, jueces del Poder Judicial y periodistas, los cuales podrían afrontar hasta cuatro años de cárcel por la revelación de detalles, documentos o procedimientos pertenecientes a alguna investigación.
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Diferentes instituciones como la ANP, el IPyS y veladores de derechos mostraron su desazón con el proyecto propuesto por la PCM, pues consideran que este caso corresponde a una ley que podría incurrir en una violación a la libertad de expresión, y pone en peligro el ejercicio periodístico.
Desde el Congreso, diversos parlamentarios han revelado mostrar simpatía por dicho proyecto, que será evaluado la comisión de Justicia y Derechos Humanos apenas inicie la nueva legislatura 2022-2023.
Si bien es una ley en específico, existen varias propuestas que se habrían presentado para frenar el intento del presidente Pedro Castillo de modificar el estatuto de la Derrama Magisterial, bajo el pretexto de “democratizar” dicha institución y que busca cambiar el directorio de la entidad para que pase a un nuevo grupo encargado previas elecciones realizadas a cargo del Ministerio de Educación.
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El cambio buscaría beneficiar específicamente al gremio de maestros Fenatep (Federación Nacional de trabajadores en la Educación del Perú), organización fundada por el mandatario y que exige se implementen los cambios en la institución magisterial lo más pronto posible.
Esta ley derogatoria ha sido presentada por congresistas de diversos partidos como el apepista Eduardo Salhuana o el fujimorista David Jiménez, y se encuentra siendo evaluada por la comisión de Educación, Juventud y Deportes. De dictaminarse dicha propuesta como aprobatoria, el Pleno de la siguiente legislatura tendrá que votar su ejecución, mientras tanto, las presiones para que se establezcan los cambios en la Derrama continúan.
El proyecto de ley reúne dos propuestas legislativas presentadas por los congresistas Alejando Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), en ellas se propone la modificación de los artículos 9 y 10 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional con el objetivo de crear el cargo de Magistrado Accesitario.
El proyecto de norma busca brindar al Congreso las licencias para designar a un magistrado más en el TC, que entre en funciones de manera temporal en el caso de que venza la legislatura de algún magistrado titular, o en el caso de que se produzca la vacancia de un magistrado.
La propuesta fue presentada ante la comisión de Constitución, que posteriormente la aprobaría por mayoría. En la actualidad, se encuentra en situación de dictamen y pasará a ser debatida en el Pleno durante la próxima legislatura.