
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) determinó que el Estado peruano habría cometido violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre del 2022 y julio del 2023.
“Hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú”, señala el informe.
En su primera conclusión, afirma que se aplicaron restricciones al derecho de reunión pacífica mediante medidas como los estados de emergencia, el establecimiento de controles de identidad, la detención de manifestantes y el uso de la fuerza letal y menos letal para dispersar a los protestantes.
Indica que se han documentado casos de uso de la fuerza letal con armas de fuego en circunstancias no permitidas por el derecho internacional.
“Las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego […], lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, detallan.
Asimismo, precisan que cientos de personas fueron detenidas bajo el pretexto del control de identidad por parte de la Policía y que denunciaron no haber tenido garantías jurídicas durante su intervención.
“En cuatro casos, OACNUDH documentó situaciones que podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura”, expone el documento.
Advierte que hubo denuncias penales por el delito de terrorismo contra quienes se movilizaron, las cuales podrían tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación.
De otro lado, sostiene que aumentó la práctica del “terruqueo” en el discurso público y “el uso de un lenguaje que calificaba a los manifestantes como violentos, vándalos o vinculados a actividades ilegales”.
También, la OACNUDH da cuenta de las denuncias de ciudadanos sobre las prácticas de hostigamiento e intimidación; así como vigilancia, amenazas y coacción por parte de las fuerzas del orden para limitar la participación en las marchas.
Finalmente, concluye que la labor de los periodistas para cubrir las protestas se vio limitada ante las amenazas, lesiones, daños o confiscaciones de sus equipos, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de quienes participaron en las marchas.
La OACNUDH recomendó al Estado peruano garantizar que no se utilicen armas de fuego “en el contexto del control de multitudes durante las protestas sociales”.
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También, que las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en el marco de las protestas, se realicen de manera independiente, exhaustiva y transparente.
Se concluye que el Gobierno habría atentado contra los derechos humanos de los peruanos durante las movilizaciones.

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