Frente a la denuncia de abuso de autoridad que presentaron los representantes de la Procuraduría del Gobierno Regional de Piura, el gobernador Luis Neyra rechazó que exista algún acto de obstrucción, e indicó que solo se ejecuta el debido proceso.
“Los señores que ayer han salido a denunciar, son locadores de servicio, y como todos los locadores que están en el Gobierno Regional tiene un orden, si se les requiere se les activa el contrato. Lamentablemente como gobernador regional no puedo contratar locadores, nosotros no podemos designar a un locador en un cargo tan importante como el de Procuraduría, tú designas a personal nombrado o CAS, que tiene responsabilidad al asumir el cargo”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que lo único ejecutado en la administración regional es el cuidado de la seguridad, y el presupuesto asignado a la contratación de trabajadores y locadores.
En relación a la investigación, el procurador Carlos Otero informó que han tenido que recurrir al Poder Judicial para poder continuar con sus labores.
Además, mencionó que se lleva a cabo una indagación en el Ministerio Público, específicamente en la carpeta fiscal n° 274-2023, en la que se encuentra involucrado el gerente general Jorge Gilberto Cabellos Pozo por abuso de autoridad. Este último se habría negado a declarar sobre los actos denunciados por los procuradores del Gobierno Regional.
El abogado afirmó que la alta dirección obstaculizó su trabajo, especialmente al condicionar la contratación de abogados necesarios para la Procuraduría. Además, destacó la limitación en la realización de diligencias y el acceso a documentos relacionados con los procedimientos de contratación.
A pesar de que los representantes de la Procuraduría hicieron una denuncia pública, ningún representante del Gobierno Regional de Piura emitió un comunicado al respecto. Los procuradores han dejado constancia de actas policiales que documentan los impedimentos de ingreso a las oficinas del GORE.
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La denuncia cuenta con el apoyo del procurador del Gobierno Regional de Piura, Segundo Carlos Valdez Rojas.
Obstrucción. Procuradores indicaron que desde el inicio de la gestión, el 3 de enero del 2023, el personal de seguridad del local institucional les indicó que, por órdenes de la Dirección General, no podían ingresar a los locales institucionales, impidiendo su labor.