El excomandante general de la Policía Nacional del Perú Raúl Enrique Alfaro Alvarado se abstuvo ayer de responder las preguntas del Ministerio Público, en la investigación por los asesinatos cometidos durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), informó que Alfaro Alvarado se apersonó al Ministerio Público, pero —apenas inició la diligencia— su abogado informó que no daría declaraciones.
La justificación fue que existe otra investigación que abrió la Fiscalía de Derechos Humanos y que cualquier declaración suya como testigo también podría tener incidencia en términos de imputación en su contra en esta otra carpeta.
“Más allá de las formalidades, es un hecho sumamente revelador que el comandante general de la PNP haga una declaración de esa naturaleza. Seguramente ha evaluado con su defensa legal y probablemente saben que los acontecimientos lo comprometen”, comentó, al respecto, Carlos Rivera Paz.
El abogado sostuvo que era importante su intervención para conocer más en detalle las órdenes que se dieron y los procesos de planificación de la Policía para intervenir en Puno, Andahuaylas, Ayacucho, Junín, Cusco y Lima. “Él tiene que dar explicaciones sobre por qué la Policía dejó de lado los lineamientos de actuación en casos de protestas, una directiva que él mismo emitió en octubre del 2022”, explicó.
Los comuneros de Ilave afirman que no hay diálogo con el Gobierno. Ellos exigen justicia por los fallecidos en las protestas. Foto: Liubomir Fernández/ La República
El 26 de mayo fue citado el comandante general del Ejército, David Ojeda Parra, y no se presentó. En cuanto a los altos mandos de las fuerzas del orden, queda pendiente la manifestación del comandante general de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien debe declarar el 5 de junio.
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Quién sí declaró fue el jefe de la región policial de Puno, Julio Mauricio Contreras. Lo hizo el pasado 29 de mayo, y dijo que no usaron armas de fuego y que no sabía de civiles fallecidos; pero luego, ante las preguntas de la defensa de las víctimas, reconoció que sí había reportes diarios sobre las muertes.
La mandataria Dina Boluarte acudirá al Ministerio Público el 6 de junio para dar su manifestación en la investigación sobre los crímenes en las protestas sociales.
La Corte Suprema aún no se pronuncia sobre la apelación presentada por la Fiscalía, institución que pretende evitar la presencia de la Procuraduría General de la República y la defensa legal de los familiares de las víctimas.