El presidente del Partido Morado, Luis Durán Rojo, sostiene que la reciente elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, muestra una forma de hacer política que su organización rechaza, y anota que cuando hay un acuerdo previo entre posiciones políticas tan distantes como las que han decidido esta elección solo hay una explicación: lograr beneficios partidarios o personales.
Asimismo, cuestiona que cada día se vea en el Congreso esta forma de entender el rol que tienen los parlamentarios y lamenta que ya no les importe seguir perdiendo el respaldo de la ciudadanía, lo que da la impresión de que todo vale para proteger su cuota personal de poder o para proteger la corrupción.
Además, recuerda la importancia que tiene el defensor del Pueblo, no solo por lo que ha significado para el Perú desde la época de la dictadura de Alberto Fujimori, sino por lo que actualmente representa.
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“No olvidemos que el defensor del Pueblo es el presidente de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, por tanto, influye en la decisión del nombramiento de los jueces. Yo creo que ahí está el hilo de la madeja que nos lleva a pensar que acá hay un entendimiento entre el fujimorismo y el cerronismo para nombrar a una persona sin la experiencia necesaria para el cargo. Esa es la cuestión”, sostiene Luis Durán.
Sobre la reconsideración que han presentado por separado los congresistas Edward Málaga Trillo y Carlos Anderson Ramírez para que se vuelva a votar, considera que los parlamentarios deberían de meditar su función de cara a la Nación y reivindicarse. Agrega la necesidad de que la ciudadanía se una para hacer fuerza de opinión a fin de que los legisladores se rectifiquen en la perjudicial decisión que tomaron.
El abogado tributarista nació en Huancayo. Foto: Facebook/Luis Durán
“Esta decisión es perjudicial en dos sentidos. Primero, porque se nombra a una persona sin experiencia necesaria para el cargo. Segundo, la persona que es nombrada es por una decisión de extremos que no han seguido la misma ruta en relación a esta misma persona en el pasado. Entonces, lo único que uno puede pensar es que acá ha habido una repartija. Creo que no nos estamos equivocando en esta idea”, sostiene.
En cuanto al fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema en el juicio de la minera Las Bambas, en el que se indica que la protesta violenta es un delito y no está reconocido en la Constitución, Luis Durán estima que no debe extrapolarse más allá del caso concreto; ya que el Tribunal Constitucional ya hizo definiciones y alcances sobre el derecho a la protesta.
“Yo leí la sentencia, creo que no podríamos sacar ningún criterio jurisprudencial mayor. Plantear argumentos que limiten el derecho a la protesta perjudica profundamente a la democracia y daña toda la idea de república que tenemos. Ningún poder del Estado puede generar una interpretación que ponga en duda un derecho constitucional”, precisa.
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En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere que esta institución ha señalado claramente que es un derecho implícito en las condiciones de respeto sobre el derecho a la libertad de opinión y reunión, y que el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha ido en la misma línea.
Reitera que una cosa es tener claro que aquel que realiza violencia está yendo contra el sentido de la Constitución, pero otra cosa es que, a partir de eso, o excusa de eso, se quiera restringir las condiciones para protestar.
“Hoy día estoy un poco más tranquilo por la aclaración que ha hecho el propio Poder Judicial al establecer los límites. El derecho a la protesta no quiere decir que si alguien ejerce la violencia, eso es impune. Al contrario, tiene que sancionarse. Pero bajo esa excusa no se puede restringir el derecho a la protesta”, reafirma el presidente del Partido Morado.