Omar Cairo sobre protestas en Perú: “A los responsables de estos crímenes les espera la cárcel”

El constitucionalista Omar Cairo se pronunció por el informe que emitió Human Rights Watch (HRW) acerca de las protestas que ocurrieron en Perú desde diciembre 2022 contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La organización confirmó que hubo represión contra los manifestantes e indican que el Ejecutivo provocó la muerte de 49 personas.

En su columna de opinión titulada "Nuestros gobiernos y sus crímenes", Cairo menciona que todos somos iguales ante la ley, por lo que enfatiza que "no existe ninguna justificación para eximir a los jefes de Gobierno de la responsabilidad penal por los delitos que cometen en ejercicio de sus cargos".

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En esa línea, el especialista asegura que quienes sean declarados responsables de las muertes y el abuso tendrán que enfrentar la cárcel y la vergüenza.

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"La historia reciente enseña que a los responsables de este crimen les espera no solo el juicio inocuo de la historia y de la crítica académica, sino, principalmente, la cárcel y la vergüenza”, señaló.

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Agregó también que el informe internacional indica que los superiores pueden ser considerados responsables de abusos si tenían conocimiento de los delitos cometidos "por quienes estaban bajo su autoridad".

Cairo recordó la matanza en Barrios Altos

El experto mencionó algunos actos de violencia que ocurrieron en Latinoamérica. Cario recordó el episodio en 1991, cuando hombres armados que eran parte del grupo militar encubierto Colina, ingresaron a una fiesta que se realizaba en Barrios Altos para terminar con la vida de los presentes , entre ellos un niño de 8 años. A este caso se le denominó ‘matanza de Barrios Altos’ y fue uno de los indicios para llevar a prisión al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

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Existen "fuertes razones" para creer que Boluarte y Otárola no tomaron medidas

Respecto a informe del HRW, Cairo Roldán manifestó que, dentro de las 125 páginas existen "fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.