Alcalde de San Borja realizó contratos con municipio cuando era regidor pese a estar impedido

La Contraloría General de la República recibió un informe, por parte de la OSCE, en el que se determina que el actual alcalde de San Borja, Marco Antonio Álvarez Vargas, habría incurrido en una infracción legal al haber contratado con la Municipalidad Distrital de La Victoria durante los años 2021 y 2022. Esto pese a que estaba impedido de hacerlo por haber cumplido el cargo de regidor provincial de Lima en el periodo 2019 - 2022. Por dichas asesorías con La Victoria, Álvarez Vargas recibió un monto de 55.800 soles en total.

Según el informe, el que se desempeñó como regidor del Concejo Metropolitano de Lima, por lo que estaba impedido legalmente de contratar con el Estado, había prestado servicios de asesoría a la Municipalidad Distrital de La Victoria de marzo del 2021 a febrero del 2022.

En el documento revelado por el periodista Martín Hidalgo, se precisan dos oficios. El primero fue el N.° D000614-2022-MML-OCI, emitido el 5 de octubre del 2022, y precisaba que se le había comunicado al entonces alcalde Miguel Romero Sotelo que Álvarez Vargas estaba impedido. El segundo oficio fue el N.° 399-2022-DP/OD-LIMA-AS, que se emitió el 25 de noviembre.

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En este último oficio se daba cuenta "de hallazgos de infracción a la normativa de contrataciones del Estado por parte del referido señor Marco Antonio Álvarez Vargas", incluso se pedía al Concejo Metropolitano "que se adopten acciones de acuerdo a sus competencias".

Asesorías en la Municipalidad Distrital de La Victoria

Entre los cargos de asesoría que el actual burgomaestre de San Borja habría desempeñado en la Municipalidad de La Victoria están el de asesor para la gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer, asesor de la Secretaría General, coordinador ambiental y responsable ambiental de la Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental.

Todos estos cargos fueron advertidos por el Órgano de Control Institucional (OCI), que tramitó los informes correspondientes a la Contraloría General del Estado.