Iván Lanegra: “Se pueden terminar de romper los elementos del pacto democrático del siglo XXI peruano”

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la democracia peruana a partir del estallido social que empezó en diciembre y que ha sumado decenas de muertos, la mayoría de ellos producto de la excesiva represión del Estado? El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, expone los principales riesgos a los que nos enfrentamos.

—A cuatro meses del inicio del estallido social, ¿está satisfecho con las respuestas ofrecidas por el Gobierno?

—No, de ninguna manera. Creo que los actores serios que ven derechos humanos han sido muy claros respecto de las enormes falencias de las medidas adoptadas. El Gobierno tiene responsabilidad política muy clara en las muertes, más allá de las responsabilidades penales que pueda haber a partir de las investigaciones. Por otro lado, hay evidencia fílmica suficiente para demostrar en muchos casos concretos que ha habido un uso arbitrario de la fuerza. Todos esos elementos hacen que la respuesta del Gobierno sea insatisfactoria.

—¿Cree que la presidenta Boluarte o el premier Otárola puedan enfrentar un proceso penal por las muertes?

—Es posible, porque los temas de derechos humanos…

—¿No prescriben?

—Además de eso, son cuestiones que por su complejidad y gravedad terminan interesando a alguna dimensión del sistema de justicia y cuando eso ocurre se echa a andar toda una maquinaria. Cuando los actores que ocupan el poder ya no lo están -y eso no pasa necesariamente de manera inmediata- ya no tienen la protección para evitar este tipo de procesos. Eso lo hemos visto varias veces.

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—¿Por qué cree que la gente salió a protestar?

—El gobierno del expresidente Castillo era visto como uno que representaba a un sector de la población. No me refiero a una dimensión electoral, sino que había una conexión, aunque no mayoritaria…

—Una identificación.

—Exactamente. Se combinaba, además, con un fuerte rechazo a los opositores, que habían tenido durante la campaña electoral y el periodo poselectoral un comportamiento considerado abusivo y no consistente con prácticas democráticas. Y la forma en que los actores se comportaron después del intento de golpe de Estado, creo que disparó todo, porque se vio como una suerte de triunfo…

—Frente a Castillo y el sector que representaba.

—Así es. Si se hubiera presentado la situación no como la victoria de un lado sobre el otro sino como una respuesta constitucional, incluso si la presidenta hubiera anunciado que solo iba a dirigir una transición y que inmediatamente iba a convocar elecciones, si no hubiera renegado de la misma representación que ella formó parte…

—¿Si no hubiera renegado de su inmediato pasado?

—Tal cual. Si hubiera dado un mensaje del tipo “miren, hay cosas que no se deben dejar de lado y otras que se deben corregir”, le hubiese generado distintas condiciones para, incluso si había protestas, llegar a acuerdos políticos, atender demandas y canalizar la situación. No hay que olvidar el efecto que genera la represión sobre quienes protestan. Acciones que pudieron quedarse limitadas a ciertos lugares se terminaron extendiendo. Y hay que sumar las demandas locales en donde se producían protestas. En algunos casos, es verdad, no eran demandas legítimas.

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—Y no toda la protesta se encausó mediante prácticas legítimas.

—Se sumaron actores interesados en promover la violencia. Sin embargo, el grueso de la reacción -y eso se ve en las encuestas- muestra más bien un legítimo sentimiento de protesta frente a cómo sucedieron los hechos. Eso explica esta evaluación expost sobre quién dio el golpe de Estado.

—Un sector considera que Castillo fue la víctima.

—Lo que ocurre es que la encuesta lo plantea de manera dicotómica: el golpe lo dio Castillo o lo dio el Congreso. Y es probable que para mucha gente ocurrieron ambas cosas: que hubo un intento de golpe de Castillo y que la respuesta del Congreso fue una acción ilegítima de copamiento del poder. Transparencia llama a la presidenta Boluarte como tal, porque ella ha asumido de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pero la democracia descansa también sobre el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y el diálogo. Eso es lo que se ha debilitado.

—¿Qué desafíos enfrenta la democracia peruana ahora?

—Van a seguir llegando un conjunto de declaraciones y pronunciamientos de instituciones a nivel internacional. Va a haber presiones sobre el Ministerio Público para que haga un adecuado trabajo. De no hacerse, muchos casos pueden llevarse al sistema interamericano de derechos humanos. Eso pondrá en tensión a la democracia.

—Más en tensión.

—Una cuestión que tuvimos clara luego de los noventas era que había que cuidar no solo las elecciones, también el respeto a las libertades y derechos fundamentales, como a la vida, la salud, la integridad. Ese es el principal desafío en estos momentos: el debilitamiento de las instituciones responsables de la defensa de derechos. Por ejemplo, es muy preocupante que candidatos a defensor del pueblo digan, en sus entrevistas de postulación, que no están de acuerdo con las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos. Hay que sumar los discursos polarizadores en los que se busca convertir al otro en enemigo. Se puede empezar a transitar hacia formas abiertas de violencia.

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—Eso hemos visto ahora.

—Estamos empezando a ver los primeros síntomas de la gravedad del problema. Entonces, hay dos elementos: el debilitamiento del respeto a los derechos en general y el discurso en el que el conciudadano no es tal sino un enemigo. Eso es muy preocupante para cualquier democracia. Y aparte vemos que se quiere poner presión política sobre autoridades electorales.

—Para que respondan a intereses particulares.

—No es un fenómeno exclusivo en el Perú. También hay que decirlo: todos los esfuerzos por mejorar el sistema electoral y político todavía no han generado frutos importantes. La situación de los partidos políticos no se va a corregir en los próximos años. Si a esto le sumas un sistema electoral débil con polarización y violencia, el clima electoral próximo será muy complicado, generando problemas no solo de legitimidad de ejercicio, también de legitimidad de origen. Se pueden terminar de romper los elementos del pacto democrático del siglo XXI peruano. Nuestro pacto democrático mínimo de este siglo se fundó sobre eso: elecciones limpias y justas y respetar derechos. Ambas cosas, en estos momentos, están en cuestión.

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