Iván Lanegra:"Hay una incapacidad estructural en el Congreso, el cual se queda sin muchas opciones"

Tras el rechazo de la propuesta de adelanto de elecciones por parte del Congreso de la República, quedan cada vez menos opciones para la búsqueda de una salida a la crisis. En este panorama, la presidenta Dina Boluarte ha mostrado su intransigencia al señalar que "su renuncia no es una opción" y el Legislativo ha dejado claro que no existen intenciones de llegar a acuerdos en favor de la conclusión de un mandato por el que, desde ya, el Ejecutivo ha reiterado su intención de finalizar. Para analizar esta situación, el politólogo Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, brinda alcances sobre dicha situación.

—¿Cuál es el panorama que queda en una situación como la que nos encontramos? Luego de este archivamiento ya no hay más dictámenes pendientes de debatir en el Pleno y las protestas no han parado.

—Sin duda, una situación muy difícil. El Congreso ha agotado sus posibilidades de debatir un adelanto de elecciones. Hay un proyecto que ha planteado el Ejecutivo, pero el problema ya no es, evidentemente, que haga falta un proyecto, el problema es que tenemos un Congreso que ya no es capaz de llegar a acuerdos mínimos, que después de todo terminan en una desatención a las exigencias del país.

— Estas ganas de no atender las solicitudes de las protestas no solamente vienen por parte del Congreso, sino también por parte de la presidenta Dina Boluarte. ¿Consideras que lleguemos a una situación en la que, pese a las protestas, continuemos con el Gobierno hasta el 2026?

—Hay que entender que es ella la que ha planteado un Gobierno hasta diciembre del 2023. El Ejecutivo ya ha reconocido que sus posibilidades de continuidad están muy limitadas. De no haber sido así, no se hubiera presentado la propuesta tanto del año que viene como de este año. O sea, que ya hay un reconocimiento de que existe esta debilidad. Han reconocido y han actuado en consecuencia. El problema es que la gran mayoría del Congreso es gente que finalmente puede escapar de la responsabilidad y de las consecuencias de la crisis. No son objeto de ser responsabilizados, entonces actúan de una manera más desconectada de las exigencias del país. Y eso me parece una situación muy lamentable.

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—¿Seguiremos con esta situación en el que el Congreso ya no tiene una capacidad de concertar hasta que finalice el mandato que les corresponde?

—Como te digo, ya ellos han reconocido que no tienen capacidad de poder solucionar esta situación. Lo que hay allí es una suerte de incapacidad política. Es como, y se escucha mucho en la literatura, "un serio problema de gobernabilidad en el país" en el sentido de que, aun con la voluntad de algunos actores y aun con un reconocimiento acordado de que se debe mover el timón en un sentido, todo el conjunto de mecanismos legales que gobiernan el Congreso no hacen caso.

Hay una incapacidad estructural en el Congreso, inclusive una incapacidad de las mismas personas, porque hay que recordar que lo mismo pasaba en periodos anteriores. Los congresistas también se ven obligados a tomar decisiones en condiciones extremas porque dejaron pasar el tiempo a espaldas de era una urgencia latente. Pero cuando ya la situación literalmente les tocaba la puerta, en ese momento recién se tomaba una decisión que, de haberse tomado en su momento, hubiera evitado consecuencias muy negativas.

Es un problema ya estructural de la representación politica de este país y va a continuar seguramente porque las condiciones no han cambiado. Lo que sí se sabe es que este Congreso ya no tiene muchas opciones. Han estirado cosas urgentes que tenían por hacer.

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—También está la salida de que Dina Boluarte renuncie, ya lo ha negado en varias oportunidades, pero ¿qué tan concebible puede ser este panorama?

—Ocurre que lo que está en discusión no es la voluntad de la presidenta a dejar el poder porque la presidenta ya dijo que ella se está manifestando con un proyecto de ley. Ella ya no quiere quedarse más allá de diciembre de este año. Entonces, es una presidenta que, por lo menos en términos puntuales, ha planteado una ley en la que ya no concibe quedarse hasta el 2026. Lo que está en discusión es qué tan rápido va a ser la salida de esta presidenta. Algunos quieren que la salida sea hasta julio del 2024, luego se planteó abril del 2024, después en diciembre de este año.

De ocurrir una renuncia, efectivamente sería un adelanto de una voluntad ya expresada. Entonces, desde luego, las condiciones políticas que se den en el país pueden pujar a una situación que haga más probable que la salida al final ocurra, pero, la verdad, el problema es que no sabemos qué cosas más tiene que ocurrir para que algo así termine por pasar. Tampoco tenemos claro qué tipo de consecuencias traería esa situación.