En medio de los cuestionamientos sobre los aportes de campaña hechos por Henry Shimabukuro y con la toma de declaraciones a la presidenta Dina Boluarte paralizada por la Fiscalía de la Nación, el abogado de la mandataria salió a la luz. Según el mismo Joseph Campos, su presencia como defensor de Boluarte Zegarra solo abarca el caso de genocidio y homicidio calificado, en el que están inmiscuidos la dignataria y el primer ministro, Alberto Otárola; sin embargo, aprovechó la entrevista no solo para tildar las investigaciones por lavado de activos como un "ataque político", sino también para deslegitimar a los muertos en las protestas.
Sobre este caso, el letrado detalló que las muertes que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha incluido en la carpeta de genocidio y homicidio calificado deberán ser investigadas "caso por caso", ya que "incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere", dijo para TV Perú.
Campos intentó justificar los asesinatos extrajudiciales al alegar: "Imaginemos que existe una agresión brutal por parte de este señor a un efectivo policial, en legítima defensa pudo ocurrir esta situación".
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Estas declaraciones van en contra de los reportajes e informes periodísticos que se han publicado sobre los abusos de derechos humanos en las protestas en todo el Perú, los cuales muestran cómo varios de los muertos en las provincias de Ayacucho y Puno no estaban ligados a las marchas y eran vistos huyendo de la Policía Nacional y del Ejército. Estos también retrataban con imágenes, videos y testigos cómo las fuerzas del orden perseguían a marchantes que se encontraban solos y no representaban una amenaza.
En los mencionados casos, Campos buscó quitarle la responsabilidad a Dina Boluarte, quien hace menos de un mes recibió simbólicamente el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y Militares del Perú por ser la máxima autoridad a cargo de estas instituciones.
"Todo eso y, si no, que se sancione al policía o al militar que no tuvo la prudencia ni la forma correcta de usar la ley. Porque el uso de la fuerza está en la ley", precisó el abogado constitucionalista. Él añadió que la presidenta no es la encargada pese a que es una de sus atribuciones precisadas en el artículo 118 de la Constitución del Perú.
Para dar peso a sus alegatos usó como ejemplo al dictador alemán Adolfo Hitler. "Salvo Hitler, que era un autoritario, un dictador, que él dirigía su guerra, y por eso la perdió seguramente. Aparte de todas las consideraciones, los políticos solo instruyen una orden, cómo se implementa esa orden lo hace alguien que se ha formado para eso", expresó entre tecnicismos el defensor de la presidenta, que hasta la fecha reúne tres carpetas fiscales en su contra, en casi cuatro meses de Gobierno.