"Fray Vásquez está en el Perú. No se encuentra prófugo y está a buen recaudo", afirma su abogado

Iván Ramírez, abogado de Fray Vásquez Castillo, aseguró que su patrocinado no se ha fugado del Perú y que se encuentra "a buen recaudo en alguna parte del país". Desde el 28 de marzo del 2022, el sobrino del expresidente Pedro Castillo ha cumplido un año en la clandestinidad, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente formar parte de la organización criminal enquistada al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Fray Vásquez está en el Perú, él no ha salido al extranjero. No se encuentra prófugo, él está a buen recaudo en alguna parte del país con la sana intención de declarar ante la Fiscalía todo lo que él conoce, pero con las garantías. (Entonces, ¿por qué no se hace?) Porque en realidad no se han prestado ni se prestan las garantías procesales penales en estos momentos", dijo Ramírez en entrevista para Canal N.

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En otro momento, el letrado afirmó que Fray Vásquez Castillo "no le rehuye a la justicia". Además, informó que su defendido "nunca entró al MTC" y que no ha mantenido contacto con el exministro y también prófugo Juan Silva Villegas para hablar sobre el caso Puente Tarata III.

El abogado Ramírez señaló que el sobrino del vacado expresidente no ha descartado la posibilidad de entregarse a la justicia peruana y que desde hace un mes ha tenido un acercamiento con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder. Agregó que Vásquez Castillo no tiene intención de ser aspirante a colaborador eficaz.

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"Ya hemos tenido un acercamiento con la fiscal Marita Barreto(…), pero no hemos obtenido los frutos esperados. Queríamos que ellos se den cuenta de los errores procesales que han cometido. Sobre todo, de fundamentación", apuntó.

A inicios del 2022, con el avance de las investigaciones por el caso Puente Tarata III, la fiscal Karla Zecenarro implicó a los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, al señalar que ambos se encargaban de coordinar con el entonces jefe de Estado y con el prófugo exministro Juan Silva las adjudicaciones de obras públicas concertadas ilegalmente. Contra el primero pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva.