La compañía constructora China Railway n.º 10 Engineering Group Co. Ltd. sucursal del Perú ha interpuesto 45 arbitrajes contra el Estado peruano para impedir la resolución de contratos por incumplimiento de la ejecución de proyectos para evitar que las autoridades cobren las cartas fianza y también para exigir mayor presupuesto.
De los 45 contratos en litigio, 30 corresponden a obras de infraestructura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y 15 a Provías Nacional, confirmaron fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De manera individual, China Railway n.º 10 Engineering Group interpuso 7 arbitrajes, y como parte de un consorcio -generalmente con otras empresas chinas-, en otros 30 casos.
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Por su parte, el MTC promovió 8 arbitrajes contra la constructora asiática, cuya sucursal en el Perú fue inscrita en Registros Públicos el 6 de julio del 2015. En estos casos, el Estado planteó los arbitrajes porque la empresa china resolvió de manera ilegal los contratos suscritos con el Estado.
De los 45 arbitrajes, ocho han concluido favorablemente para el Estado peruano, pero todavía hay 37 en trámite.
Puente chamorro. Otro caso de incumplimiento de los chinos. Foto: difusión
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría Pública del MTC, China Railway n.º 10 Engineering Group y sus consorciados interponen arbitrajes para que se anulen las resoluciones de contrato por parte de las autoridades peruanas por incumplimiento en la ejecución de las obras públicas. También para evitar el pago de penalidades impuestas por el Estado peruano porque la constructora china presenta deficiencias en el cumplimiento de los contratos.
Los representantes de China Railway n.º 10 Engineering Group recurren a los arbitrajes para exigir que se les apruebe la ampliación de los plazos de la ejecución de las obras o el reconocimiento de mayores gastos que los que estaban establecidos en los contratos originales, indicaron las fuentes consultadas.
En el caso del MTC, la Procuraduría Pública planteó los arbitrajes la resolución de contratos con la constructora china porque no cumplió con la ejecución de las obras conforme el cronograma establecido.
La República se comunicó con los números telefónicos que acredita China Railway Nº 10 Engineering Group, pero nadie responde a las constantes llamadas.
El 30 de setiembre del 2022, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió una disposición que imputa el delito de colusión agravada al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas. Les atribuyó el presunto favorecimiento a compañías constructoras chinas, entre ellas China Railway n.º 10 Engineering Group.
En el cargo. Procurador Público del MTC, David Ortiz Gaspar. Foto: difusión
Uno de los representantes de la constructora china, Chen Junkun, se encuentra prófugo desde octubre del 2021, después de que el fiscal provincial especializado en corrupción de funcionarios de Puno, William Otazu Pinto, solicitó su detención por coludirse con el exgobernador de dicha región Agustín Luque Chayña para no pagar penalidades por el incumplimiento de la construcción del hospital Manuel Núñez.
Una modalidad frecuente de los representantes de China Railway n.º 10 Engineering Group es recurrir a los llamados “árbitros de emergencia” o “arbitrajes exprés”, que es una figura previa al arbitraje formal que le permite a la constructora virtualmente paralizar al Estado peruano.
Mediante esta figura de los “árbitros de emergencia”, la constructora asiática ha conseguido 23 medidas cautelares para impedir que el MTC o la ARCC resuelva contratos por incumplimiento, ejecutar las cartas fianza, gestionar el saldo de obra o intervenir económicamente los contratos.
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El procurador del MTC, David Ortiz, advirtió sobre el uso indiscriminado de los “arbitrajes de emergencia” que inician los contratistas: “Cuando una empresa constructora inicia un ‘arbitraje de emergencia’, el centro de arbitraje concede un plazo muy corto para que el MTC se oponga a la solicitud de medida cautelar. Y como esta puede tener más de cien páginas y a veces adjuntan pericias complejas, es difícil elaborar una adecuada estrategia de defensa en tan corto tiempo, considerando que las procuradurías deben solicitar información técnica a otras dependencias. Hasta que informen, ya pasó el plazo establecido”.