ONU pide a Gobierno peruano informar sobre violación de derechos humanos en las protestas
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envío un oficio, detallando la información sobre las muertes ilícitas en protestas, estigmatización, violaciones al debido proceso y otros.
La República tuvo acceso al documento que envió la oficina del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el que se detalla la información recabada sobre las muertes ilícitas que se han registrado en las protestas contra la gestión de la actual mandataria y otros aspectos más.
En el documento se contextualiza todo lo ocurrido en el país desde que la jefa de Estado asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022. En esa línea mencionan que "se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas ha incrementado".
Asimismo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mencionan el número de los fallecidos que se han registrado durante el estallido social en el Perú —basándose en datos de la Defensoría del Pueblo—, así como la declaratoria de Estado de Emergencia en distintas regiones del país que se efectuó desde diciembre del 2022.
En otro momento, mencionan que han recibido información de que "los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia".
En el oficio también indican que de acuerdo a los informes de la autopsia y análisis forenses "habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala". Específican que en seis personas fallecidas "se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM".
Siguiendo lo expuesto, mencionan el allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que albergaba a manifestantes, por parte de la Policía; así como las detenciones arbitrarias contras las personas que se encontraban en las instalaciones.
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Asimismo, el alto comisionado de la ONU también señala que se reportó que la "respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar 'en guerra' y que califica a las personas que protestan como 'enemigos' o terroristas', lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas".
Ante lo expuesto, la ONU expresa su "profunda preocupación" por lo acontecido en el país y en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. "Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica", apuntan.
Líneas más abajo recalcan que "es deber del Estado, desde todos sus poderes e instituciones, asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como de ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión".
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ONU da plazo de 60 días al Gobierno peruano para informar sobre las protestas
Tras el informe elaborado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dio plazo al gobierno de Boluarte Zegarra 60 días para proporcionar información respecto a las investigaciones sobre las muertes que se han producido durante las manifestaciones; sobre las medidas que han adoptado "para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica".
A esto se suma que brinden detalles respecto a "las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza" en manifestaciones, medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las protestas; entre otro aspectos más.
"A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas", expresan.
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Otárola tras anuncios de protestas: "No va a haber ninguna 'toma de Lima', lo aseguro"
El jefe de gabinete, Alberto Otárola Peñaranda, se pronunció respecto a los anuncios de nuevas las protestas en Lima. El minstro de Estado aseguró, que desde el Ejecutivo, se buscará "entender los reclamos que ellos (los manifestantes) realizan" a fin de que "la relativa paz que se ha conseguido perdure".
"No va a haber ninguna 'toma de Lima'. Se lo aseguro como Ejecutivo", dijo Otárola. Asimismo dijo que la Policía Nacional "va a actuar respetando la vida, la integridad, los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos". Ello, pese a que ya se han registrado varias decenas de fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
