El pasado martes 21 de febrero, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, comunicó que España suspendió la venta de municiones al Perú. Luego de ello, el viernes 24, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, declaró que “si nos han cerrado las puertas (España), tocarán otras, no hay problema”.
Esta decisión fue impulsada por la ONG Amnistía Internacional, la cual exigió al Gobierno español que se realice la suspensión de la exportación del material antidisturbios, debido a que este habría sido utilizado para reprimir las protestas en el Perú.
Cabe resaltar que según un informe de este movimiento, España es el principal suministrador de armas de Perú en la Unión Europea, con ventas de un aproximado de 184 millones de euros entre el 2017 y junio del 2022; de este total, 40 millones fueron destinados a la obtención del material en mención.
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Asimismo, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la decisión del Gobierno español durante una conferencia de prensa en Lambayeque y sostuvo que "no necesitan ni necesitarán de más municiones, ni bombas lacrimógenas, sino que necesitan más obras".