Canciller de España anunció suspensión de venta de material antidisturbios a Gobierno de Boluarte
A pedido de Amnistía Internacional, Gobierno de España tomó esta decisión ante denuncias por la presunta violación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales contra la gestión de Dina Boluarte.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, anunció la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de suspender la venta de material antidisturbios al Perú, debido a las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones sociales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hasta la fecha, más de 60 persona fallecieron producto de los enfrentamientos.
“En el momento que empezó esta situación de ruptura y de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú, como lo hacemos siempre. Nosotros, créanme, apoyamos los derechos humanos en todos los países. No hacemos distinción de derechos humanos entre unos países y otros”, dijo Albares en un evento oficial en España.
Esta decisión fue adoptada luego de que, el último viernes 20, Amnistía Internacional exigiera al Gobierno de España la suspensión “de forma inmediata” de la venta de armas ligeras y material antidisturbios a Perú tras las masivas protestas en Lima.
En el comunicado, se advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la Policía Nacional del Perú (PNP) usen el material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición para cometer “graves violaciones de los derechos humanos”. Tema que ya ha sido denunciado a nivel de las autoridades judiciales peruanas y en el exterior.
España es el principal suministrador de armas a Perú
De acuerdo con las cifras expuestas por Amnistía Internacional, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Este armamento viene siendo utilizado por las fuerzas del orden para repelar a los manifestantes. Se calcula que, entre 2017 y 2022, un total de 184 millones de euros se invirtieron en autorizaciones de licencias de armas a Perú. De ellas, 40 millones fueron de material antidisturbios.
En un primer momento, la respuesta de España no fue contundente y se señaló que se brindaría “atención al desarrollo de los acontecimientos” y que cualquier solicitud de exportación de material policial se analizaría. Tras una evaluación, el Gobierno de España optó por tomar en cuenta la alta cifra de fallecidos en el marco de las manifestaciones y las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y por suspender la venta de material antidisturbios.
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Hernando de Soto cuestiona propuesta de amnistía para policías y militares
Por otro lado, el excandidato presidencial por Avanza País Hernando de Soto calificó de “error” la propuesta realizada por este partido a la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante una reunión en Palacio de Gobierno, acerca de conceder una eventual amnistía a favor de efectivos de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas que habrían cometido delitos al reprimir las manifestaciones antigubernamentales en regiones. Señaló que sería aceptar que hubo un delito cuando todavía no ha sido juzgado.
“A mí me parece un error porque pedir, en primer lugar, una amnistía para algo que todavía no se considera un crimen es casi como aceptar que hubo el crimen, así que les hizo un flaco favor si es que quería pasarle la mano a las Fuerzas Armadas. No se empieza pidiendo que te pongan una curita antes de que aparezca la herida”, dijo a Exitosa.
Aimaras y quechuas se alistan para viajar de Puno a Lima
Para la primera semana de marzo, las poblaciones aimaras y quechuas tienen previsto arribar a Lima para continuar sus movilizaciones contra el Gobierno y exigir la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte. En ese sentido, en el día 49 de la huelga indefinida, iniciaron las colectas públicas que les permitan trasladarse hasta el destino.
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En los distritos de Kelluyo, Huacullani y Desaguadero, en Juli, al sur de la ciudad lacustre, las autoridades comunales convocaron a sus paisanos a fin de inscribirse voluntariamente para partir hacia la capital. La recaudación de recursos económicos es en cada comunidad. El monto que acumulen permitirá financiar el transporte, la alimentación y otros gastos de los manifestantes que harán el papel de sus representantes.
