Stuardo Ralón: “Dina Boluarte nos aseguró que no dio ninguna orden de disparar armas de fuego”

El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, afirmó que la presidenta Dina Boluarte aseveró a la delegación de dicha entidad que no ordenó a la Policía Nacional del Perú que disparen armas de fuego en las manifestaciones antigubernamentales, en las que se exige la renuncia de la mandataria, el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo.

“La presidenta nos aseguró que ella no había dado ninguna orden de disparar armas de fuego. Y lo otro es que las fuerzas de seguridad actuarían en el marco de los estándares interamericanos. Es decir, legalidad y proporcionalidad. Fue algo que se habló mucho, pues en esa reunión hubo varios ministros”, declaró Ralón en entrevista con El País.

En el mensaje del jueves 19, Boluarte, según la Constitución, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no se refirió a las muertes de Sonia Aguilar Quispe (35), Jhancarlo Condori Arcana (30) y Salomón Valenzuela Chua (30), ciudadanos que fallecieron producto de impacto de bala.

Ralón señaló que “hay muchas pérdidas de vidas por arma de fuego” y señaló que “serán fundamentales las investigaciones que se realicen sobre lo ocurrido”.

“Y son investigaciones que deben hacerse con un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, no existe una cobertura nacional de fiscalías con enfoque de derechos humanos. Hay una deficiencia de cobertura de personal especializado. Y, sobre esa base, serán las autoridades nacionales las que deberán hacer cumplir protocolos en la toma de testimonios y verificar que los protocolos fueron respetados al realizar las necropsias. Además, viene una etapa muy importante, que son los protocolos de las tomas de pruebas balísticas para establecer de qué armas salieron los proyectiles”, agregó.

Derecho a la protesta

El vicepresidente de la CIDH también indicó que “son múltiples las denuncias de un excesivo uso de la fuerza” e instó a que se determinen las responsabilidades.

“Tienen que investigarse los hechos y, con relación a la protesta, se debe separar la violencia que hemos condenado —que no es la mayoría— del derecho de protesta y manifestación pacífica, que debe ser garantizado y que los estados de excepción que se impongan no deben tener como finalidad silenciar las voces. Se han dado 477 acciones de protestas, en las cuales han habido 68 hechos graves de violencia”, dijo.