Revollar: “Advertimos que no eran ni las fuerzas policiales ni militares las que iban a resolver esto”

Entrevista. En medio de la desgracia de las muertes de las últimas semanas y de la convulsión social, una de las pocas instituciones que viene cumpliendo una labor destacable es la Defensoría del Pueblo. Eliana Revollar, la defensora en funciones, sostiene que se necesita una “respuesta más profesional” por parte del Gobierno. También sostiene que debería evaluarse adelantar las elecciones generales para este año.

—¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno frente a las movilizaciones?

Con mucha preocupación por los resultados que se han tenido. Hoy (viernes) ya son 49 víctimas en el Perú. En diciembre lo habíamos señalado en la Defensoría. Se creó una comisión especial para la atención de víctimas y decíamos que esto no debía volver a repetirse.

—Y se ha repetido.

Sin embargo, Juliaca, Cusco, dan cuenta de que, nuevamente, ha pasado. Lamentamos las muertes, las condenamos, exigimos investigación, pero necesitamos una respuesta más profesional de parte del Gobierno.

—¿A qué se refiere con una respuesta más profesional?

Con un menor costo en vidas, menor costo social, menos heridos. Estamos bordeando las 800 personas heridas, entre civiles, militares y policías. Una respuesta profesional, entonces, significa diferenciar entre quienes ejercen una protesta pacífica y quienes ejercen actos de violencia. Una respuesta profesional implica hacer las investigaciones con el rigor de las garantías del debido proceso. Muchas veces, una muerte exacerba los ánimos de quienes, incluso, no protestan.

—Frente a los muertos, las personas que estaban al margen se sienten impulsadas a protestar.

Exactamente. Y creo que se abren aquellas fibras muy profundas en los peruanos y peruanas, aquello que Basadre decía: el Perú oficial versus el Perú profundo. Cuando se habla de Lima, de la protección de Lima, se alude a aquello que, históricamente, ha estado en el sentimiento de la gente de otras regiones. Si hay señalamientos de que detrás de las protestas hay economías ilegales, el narcotráfico, el terrorismo...

—Deberían ser aislados.

Debería haber una base y ser aislados. Se ha dado mucha libertad a las economías ilegales en el Perú. Nosotros tenemos un registro de cerca de 20 defensores de derechos humanos y del ambiente que han perdido la vida. Esto hace ver que necesitamos a un Ejecutivo, un gobierno que responda de manera distinta. La forma en que fue incinerado un policía da cuenta de que podemos llegar a una barbarie, en la que se venguen muertes…

—Creo que ya estamos en medio de una.

Así es. El Estado nos tiene que dar garantías de que puede responder de una manera civilizada y profesional. Esta no es una lucha de contrarios que se resolverá con disparos. Si nos dicen que se ha cumplido con el reglamento, con los principios de legalidad y necesidad, también tiene que haber humanidad. Han muerto dos personas auxiliando a otros.

—A quien hay que exigirle, sobre todo, un uso profesional de la fuerza es al Estado.

Y eso lo dijimos desde el inicio. El 14 de diciembre se declaró el estado de emergencia y advertimos que, si bien hay derechos suspendidos, no son todos. Además, señalamos que la Defensoría cumple igual sus funciones. Pero también advertimos que no eran ni las fuerzas policiales ni las militares las que iban a resolver esto. Vaticinábamos que la situación se iba a complicar. La presidenta Boluarte debería volver a asumir el liderazgo. Este es un momento en el que hay que pensar en el Perú, pero, básicamente, se necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten. La sola renuncia de la señora Boluarte no va a resolver el problema. Siempre va a estar en cuestión la línea de sucesión. Se debe dar una respuesta al país, pensando en unidad.

—¿Debería suspenderse el estado de emergencia?

Tiene que haber una valoración territorial del Ejecutivo, que debe asumir las consecuencias de sus decisiones. El Ejecutivo tiene que valorar donde debería continuarse con la emergencia.

—Luego de la masacre en Puno, la presidenta, Dina Boluarte, no ha dado explicaciones. ¿Qué piensa de ello?

El último momento en que la vi personalmente fue en el marco del Acuerdo Nacional, cuando se levantó. Le anunciaron que había un fallecido, pero luego el gobernador de Puno, que participa remotamente desde allá, informó que en realidad eran nueve. Entonces ella se retiró. Y desde ahí, no la hemos visto públicamente.

—Es una mala señal, ¿no?

La presidenta Boluarte debería volver a asumir el liderazgo. Este es un momento en el que hay que pensar en el Perú, pero, básicamente, se necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten. La sola renuncia de la señora Boluarte no va a resolver el problema. Siempre va a estar en cuestión la línea de sucesión. Se debe dar una respuesta al país, pensando en unidad.

—¿Se ha dejado de hacer política desde el Ejecutivo?

El último gesto político que le vimos a la presidenta fue el proyecto de adelanto de elecciones.

—¿Y se debería adelantar elecciones al 2023?

Se debería hacer esa evaluación. No es una situación normal. En una mirada de país, hay cosas que se deben priorizar, debe haber un sentido de realidad y urgencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ejecutivo y Legislativo tienen que reaccionar, esto se tiene que resolver políticamente. No podemos permitir que los peruanos se sigan enfrentando en esa forma. Los padres del policía calcinado son campesinos del Cusco. Cada policía que sale a reprimir tiene una historia de vida detrás. ¿Cuántos están heridos? Mire, la Defensoría, como sabe, sigue la conflictividad social y ellos nunca han resuelto un problema. Al final ha sido con una mesa de diálogo, con una negociación. Igual, el adelanto de elecciones deja un país…

—¿Quebrado?

Muy quebrado. Cuando llegó la OEA señalamos que la confrontación política entre el Ejecutivo y el Legislativo —hablo del periodo de Pedro Castillo— iba a llegar a las calles. Y el vaticinio se cumplió. Boluarte asumió legítimamente, pero se necesita un liderazgo de parte de ella.

—Decisiones como el impedimento de entrada de Evo Morales. ¿Era necesario?

Legalmente, es una atribución del Estado peruano, ¿pero eso resolvió el tema? Por eso, se necesita liderazgo, desprendimiento. Y eso incluye al Ejecutivo y a Legislativo. Puede haber elementos violentos, los que siempre hemos pedido que se investiguen. Pero al mismo tiempo hay gente que se indigna porque les dicen que les han pagado (para protestar) y no les han pagado.

—O les dicen que se están “bolivianizando”.

Exacto, o el tema separatista. Todo eso, más allá de ayudar, enciende y complica más la situación.

—¿Cuál es la situación del personal de la Defensoría?

Somos una institución pequeña. Tenemos 40 oficinas, somos poco más de 700 personas y en esta coyuntura estamos sin descanso. Por ejemplo, Juliaca tiene a tres comisionados y no había manera de apoyarlos. Ellos han estado viendo a los heridos, las necropsias, porque si hay una institución en la que la población confía es en la Defensoría. Yo les decía que se turnen, que descansen, y me decían que no, porque habían logrado que en esas necropsias estuvieran presentes los familiares, los representantes de las comunidades. Las 17 muertes (en Juliaca) son por proyectil de arma de fuego. Hay un desgaste físico y, también, emocional.

—El Congreso quiere apurar la elección del nuevo Defensor. Es su atribución, desde luego, pero le consulto: ¿considera que es el mejor momento, dada esta coyuntura?

Esto lo ponen como parte del paquete de reformas. No solo es la Defensoría. También está el tema de pedir el recorte del mandato de los titulares del JNE y de la ONPE. Los tiempos los maneja el Congreso. El día que elijan a un defensor titular, será recibido.

—¿Es el mejor momento?

En realidad, el momento es a la culminación del mandato vencido. Y eso nunca ha ocurrido. Vamos en el tercer intento y, hoy, las prioridades son otras.