Política

Freddy Díaz: Poder Judicial rechaza dar prisión preventiva a excongresista acusado por violación

Desaforado exlegislador tendrá que someterse a una comparecencia con reglas de conducta. Pedido se rechazó pese que se presentaron arraigos dudosos.

Díaz quedará libre en lo que dura el proceso de investigación preparatoria. Foto: difusión
Díaz quedará libre en lo que dura el proceso de investigación preparatoria. Foto: difusión

El juez Juan Carlos Checkley, presidente del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, resolvió declarar infundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses en contra de Freddy Díaz Monago, y decidió dictar la comparecencia con restricciones en contra del excongresista acusado de violación sexual en julio del 2022. El juzgado consideró como suficientes los documentos presentados por la defensa del legislador y resolvió eximirlo en parte del peligro procesal planteado por la Fiscalía de la Nación, pese a la existencia de dudas sobre el domicilio real de la empresa en la que se acreditó su arraigo laboral.

Con esta decisión, el denunciado por violación deberá registrarse ante la justicia cada 15 días. El pedido implica también que Díaz esté impedido de ausentarse de Lima o, en su defecto, tendrá que solicitar permiso en caso quiera salir de la capital.

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También tiene prohibido comunicarse con testigos y peritos relacionados con la investigación realizada por el Ministerio Público, y deberá pagar una caución de S/10.000 soles.

El juez Checkley aseveró que no se había encontrado “actitud negativa del imputado que permita presumir fuga o que haya perturbado la investigación”. Pero, como este medio lo advirtió, el magistrado se ha ceñido a la información presentada durante la audiencia, por lo que no se informó al juzgado las dudas sobre el arraigo laboral de Díaz.

La información sobre el local de ferretería sin funcionamiento en el que Díaz Monago acreditó laborar será vista durante el pedido de prisión en segunda instancia que la defensa de la denunciante plantearía.

“En esta segunda instancia, el tema sobre la información de la existencia del centro de trabajo va a pesar un montón, no solamente por el tema de que no hay arraigo laboral, sino también por la conducta procesal que estaría mostrando él. Fabricó una documentación para tener una decisión acorde a sus intereses”, consideró la defensa de la víctima en declaraciones para La República.

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