Alrededor de 100 instituciones, organizaciones y colectivos defensores del medioambiente exigieron al presidente Pedro Castillo que corrija la posición del canciller Miguel Rodríguez Mackay, quien se ha expresado a favor del archivamiento del proyecto conocido como el Acuerdo de Escazú o, en caso contrario, exigen su renuncia.
“Solicitamos al Gobierno del presidente Pedro Castillo que disponga las correcciones necesarias en las posiciones del actual canciller, y proceda a reforzar las capacidades del Estado para atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales”, señala el comunicado.
En ese sentido, alertaron sobre el grave retroceso para el país que significa la posición del actual canciller Rodríguez Mackay, “quien desconoce referentes fundamentales de la política exterior peruana, tales como la importancia de lograr la ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú”.
Como se recuerda, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, se mostró a favor de que el Congreso haya archivado el proyecto conocido como el Acuerdo de Escazú y aseguró que, con su llegada al Gobierno, ha buscado combatir lo que calificó como un “desconocimiento de buena fe” sobre el tema.
Ayer por la tarde, varias organizaciones realizaron un plantón en los exteriores de la Cancillería tras la posición en contra del Acuerdo de Escazú del ministro de Relaciones Exteriores, Rodríguez Mackay.
Bajo el grito de “renuncie” y “los muertos no se archivan”, expresaron su malestar y calificaron de lamentable lo dicho por el canciller.
Henry Córdova, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, lamentó lo expresado por el canciller y dijo que contradice la naturaleza del Estado peruano, el mismo que firmó el Acuerdo de Escazú para luego ser archivado por el Congreso pasado.
Córdova denunció que existe una campaña contra el Acuerdo de Escazú que se inició el año 2021 en el Congreso anterior por parte de sectores económicos “que ven con temor que haya alguna posibilidad de que en el escenario de la justicia internacional los defensores y defensoras ambientales puedan llevar su demanda cuando el Estado no la atienda”.
“Hay una política del Estado peruano de segur impactando en la reactivación económica, de seguir impactando los territorios con proyectos mineros, petroleros, de palma aceitera que generan un arrasamiento de la Amazonía”, agregó el dirigente.
“Desgraciadamente, nuestro país no está teniendo la altura para defender los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó.
De los 33 países de la región, 24 países firmaron el acuerdo en 2018. Doce lo han ratificado.
Controversia. En otra decisión polémica, la Cancillería anunció que el Gobierno del Perú retiró el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y rompe toda relación con ella.