José Peláez Bardales ratifica que archivamientos de casos de corrupción de ex autoridades apristas no impiden al Legislativo investigarlas y denunciarlas. De esa manera, magistrado niega que su cuestionado accionar haya respondido a intereses de encubrimiento de los involucrados. Versión.,María Elena Hidalgo. Uno de los casos más sonados del segundo gobierno de Alan García, la acusación de supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito contra el ex primer ministro Jorge del Castillo Gálvez, fue archivado por el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, por falta de pruebas. A Del Castillo se le atribuyó haberse aprovechado de su alto cargo para favorecer a la compañía petrolera Monterrico, de la que presuntamente obtuvo beneficios económicos. “Pero durante las investigaciones, que tardaron aproximadamente dos años, no se encontraron suficientes elementos que permitieran formular una denuncia constitucional contra el ex primer ministro”, explicó Peláez. “Por ejemplo –siguió diciendo–, se aplicó un peritaje técnico a sus bienes que concluyó que no existía desbalance patrimonial. También se concluyó que no existió tráfico de influencias en el intento de la permuta de una propiedad, supuestamente derivada de un acuerdo entre Del Castillo y los propietarios de la empresa Monterrico, porque el contrato no prosperó, se frustró”. Del Castillo defendió la decisión de Peláez (ver nota aparte). Sin embargo, el caso del ex primer ministro es uno de los más importantes de la agenda de la Megacomisión que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de García, de acuerdo con el presidente del grupo de trabajo, el legislador Sergio Tejada Galindo. Y no es el único. Como informó ayer La República, el Fiscal de la Nación también archivó la denuncia contra otro ex primer ministro y ex titular de Educación del pasado gobierno aprista José Antonio Chang. Se le acusaba de haberse aprovechado de su cargo para inflar los costos de la remodelación de los “colegios emblemáticos” y el Estado Nacional mediante un decreto sin sustento legal. Para citar un caso, la rehabilitación del primer escenario deportivo se proyectó en 20 millones de soles y al final acabó en 200 millones. El incremento de los costos también se registró en el caso de las escuelas estatales. Coincidentemente, la empresa favorecida con la mayor parte de las obras de los “colegios” emblemáticos y del estadio es la misma, DHMont Contratistas Generales. “En el caso del ex ministro Chang, nosotros nos hemos pronunciado sobre si tenía facultad para refrendar el Decreto Supremo de autorización de refacción de los colegios y del estadio. Declaramos que sí tenía atribución legal y que no cometió delito”, dijo el Fiscal de Nación. Al indicársele que la Mega-comisión ha hallado una serie de irregularidades en las mencionadas obras, respondió que ellos actuaron de acuerdo a ley. “Si a partir de ese decreto se han cometido actos ilegales, eso es tema de otra investigación. Hemos derivado a la Fiscalía Anticorrupción la acusación contra funcionarios de menor nivel para que defina si hubo malversación, cohecho o sobrevaloración”, enfatizó. En relación con las acusaciones que formule la Megacomisión sobre actos de corrupción en el segundo gobierno aprista, Peláez manifestó que siempre que existan nuevas evidencias el Ministerio Público actuará conforme a la ley. “Ahora bien, si el Congreso determina que hay responsabilidad penal contra Chang, o contra otros ex ministros, entonces serán investigados y procederemos. Lo importante es que se acrediten los hechos mediante pruebas”, aseguró el Fiscal de la Nación. Acusaciones por presuntos actos de corrupción contra el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo; el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor; y los ex directores de la Policía Nacional y ex ministros del Interior generales PNP (r) Octavio Salazar y Miguel Hidalgo también fueron archivadas en el último medio año por el fiscal de la Nación, José Peláez. A Pastor se le atribuyó haber usado un vehículo oficial como ministro de Justicia cuando ya no ejercía dicho cargo. Peláez archivó el caso con el argumento de que no había ilegalidad. A Cornejo se le imputó haber otorgado el uso de una frecuencia en litigio judicial a la empresa “Radipolis”, pero el Fiscal de la Nación desestimó el caso porque el acusado no tuvo injerencia en el hecho. Al general Miguel Hidalgo se le responsabilizó de colusión por el desabastecimiento generalizado de antirretrovirales cuando se desempeñó como director de la PNP. El Ministerio Público no detectó evidencias y Peláez archivó el expediente. Mientras que al general Octavio Salazar se le atribuyó haber ordenado a la policía el seguimiento de la empresa “Police Security”. Los propietarios acusaron a Salazar de haber cometido el delito de peculado de uso. El Fiscal de la Nación archivó el caso. JORGE DEL CASTILLO RECLAMA TENER MÁS CUIDADO EN ESTAS ACUSACIONES El ex primer ministro Jorge del Castillo rechazó la insinuación de haber sido favorecido por la Fiscalía de la Nación al archivar una investigación por presunta corrupción. "¿Por qué surgen suspicacias de una decisión judicial? Mi caso fue archivado por los fiscales de la Nación, Gladys Echaíz y José Peláez, por lo que no se puede decir que hay elementos para que alguien levante suspicacias. Es realmente injusto", expresó Del Castilo. "No tengo más que rechazar esa publicación injusta. Qué sentido tiene que hagan un peritaje, llamen testigos, indaguen informes y después que no aparece nada ustedes sigan dudando. Tienen que tener más cuidado", reclamó.
