Necesario. vicepresidenta alda lazo exige que entre la contraloría. Titular del Parlamento de acuerdo. Su escolta pasó a disposición de la policía y procurador los denunciará. Tras el escándalo por el uso de vehículos y el cobro de cupos que involucró a los miembros de su seguridad personal, el presidente del Congreso César Zumaeta se allanó a toda investigación y a una indagación de la Contraloría. “No evado ninguna responsabilidad, que se investigue a esta administración y las anteriores. No me iré del país y no nos oponemos, reconocemos los errores, excesos, y si pueden ingresar otras instancias, está bien. Algunos congresistas piden auditoría externa además y está bien”, dijo. La segunda vicepresidenta Alda Lazo lamentó que exista “una corrupción adentro” e insistió en la responsabilidad política del aprista Zumaeta. “No se puede caer en negligencia, y si una persona trabaja conmigo diez años, hay responsabilidad. La Contraloría tiene que hacer una auditoría total y quienes estuvieron metidos en cosas ilícitas deben ir a la cárcel, eso es delito, no abuso de confianza”, dijo Lazo y exigió auditar a todas las mesas durante cinco años. Zumaeta, por su parte, informó que su ex jefe de escolta Tito Arbieto Quinte y Tomás Luján pasarán a manos de seguridad del Estado para someterse a la investigación de la Policía Nacional. El procurador del Congreso Julio Ubillús además los denunciará, dijo, y señaló que desde ahora no contará con personal de confianza y se desplazará solo, como lo hace desde siempre. S/. 49 mil de sueldo en julio Miembros de la oposición fueron muy duros con Zumaeta. El reelecto Víctor Andrés García Belaunde exigió que el próximo Parlamento haga una auditoría externa total, porque habría muchas irregularidades en adquisiciones y manejo de personal. La nueva bancada de Perú Posible lo secundó a través de Modesto Julca. Sobre los cobros de julio, Zumaeta confirmó que no habrá pagos extraordinarios y solo se pagará S/. 49, 248 a cada legislador por sueldo, asignación, gratificación y CTS. Aun así cada legislador está libre de tramitar cualquier demanda de cobro para lo que considere derecho irrenunciable.
