La creación de un seguro o fondo que proteja a los pacientes frente a una eventual impericia médica no tiene por qué encarecer las consultas, afirmó el titular del sector Salud, Oscar Ugarte, quien indicó que ha quedado en claro que no se pretende cargar el financiamiento del mismo a los profesionales de la salud. “No tendrían por qué encarecerse las consultas médicas porque el mismo se va a financiar con los gastos generales de las instituciones de salud y las previsiones que existen”, enfatizó. El titular del sector formuló estas declaraciones tras presentarse ante la Comisión Permanente del Parlamento, para sustentar la propuesta del Ejecutivo que plantea, precisamente, el establecimiento de un seguro obligatorio para proteger a las víctimas de cualquier negligencia. Aclaró que después del debate inicial que se generó en torno a esta propuesta, el único punto de diferencia que subsiste entre el Ejecutivo y los congresistas, gira en torno a la entidad que deberá administrar el referido fondo o seguro. “Desde el punto de vista del Ejecutivo nosotros hemos señalado que la propuesta de un seguro podría garantizar mayor eficiencia y profesionalismo en el manejo; pero ese no es un problema de principios, sino de encontrar cual es la mejor forma de administración del mismo”, indicó. Aclaró que este es un punto específico sobre el cual se puede encontrar una fórmula consensuada, por lo cual se determinó que la discusión de la propuesta pase a un cuarto intermedio hasta encontrar una fórmula consensuada entre la propuesta del Ejecutivo y el dictamen de la Comisión de Salud. Más adelante, precisó que la propuesta de la comisión parlamentaria contempla una serie de puntos sobre los cuales se debe efectuar una precisión. “Por ejemplo se establece un plazo de 24 horas para que se constituya una comisión (luego de presentada una denuncia sobre una supuesta impericia médica), que debe recoger la información respectiva y puede abrir un proceso de conciliación”, explicó. Sostuvo que de acuerdo con el dictamen parlamentario se establece además que 48 horas después de recabada la información, la comisión que investiga el hecho emite una resolución sobre el tema. Pero aclaró que entre esa primera etapa y el plazo que se da para la solución definitiva el tema no queda claro porque se abre la posibilidad de un mecanismo conciliatorio que puede durar semanas. “Nosotros creemos que debe haber precisiones más claras de tal manera que sin mayor dilación se pueda resolver, pero eso también creo que es solucionable porque se puede encontrar una fórmula”, indicó. Respecto al financiamiento de este seguro, aclaró que en ninguna de las dos propuestas que ha enviado el Ejecutivo al Congreso, se plantea la posibilidad que esto sea cargado a los médicos. “La propuesta del Ejecutivo plantea que sean las instituciones las que deban aportar, salvo en aquellos casos en donde haya una práctica individual”, enfatizó. Dijo además que el planteamiento del gobierno no sólo está referida a la indemnización al paciente, sino también a la reparación frente a los efectos adversos que genere una negligencia médica. “Por ejemplo si a mí me operan y me dejan una gasa adentro alguien tiene que reparar esto, y eso tiene que cubrirlo la institución y no puede cargárselo al paciente ni mucho menos”, enfatizó. Finalmente, recordó que en el sector público se realizan al año 350 mil intervenciones quirúrgicas y se brindan aproximadamente 7 millones y medio de atenciones. Frente a ello aclaró que dicho sector tiene formalmente sólo 25 denuncias de presunta impericia, es decir siete quejas por el lado civil y 18 de índole penal. “O sea la proporción entre denuncias e intervenciones quirúrgicas es abismal y el riesgo de mala práctica médica es mínimo”, indicó.
