Keiko Fujimori llama a la reconciliación nacional en un discurso con contradicciones

"Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. (…) Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles", señaló Keiko Fujimori casi al final de su discurso. La nueva mandataria convoca a una tregua tras haberse presentado como una fuerza obstruccionista en administraciones pasadas. Solo unos minutos antes, las bancadas de oposición levantaron pancartas con los rostros de quienes fueron asesinados durante las protestas de los últimos seis años para luego retirarse del hemiciclo.

El discurso de la lideresa de Fuerza Popular llama al entendimiento entre fuerzas políticas con posiciones distintas. No obstante, carece de una autocrítica clara. La presidenta no profundiza sobre el papel que desempeñó como actriz política durante la última década. Para Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), esto constituye un paso en falso.

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"Un proceso de reconciliación requiere que quienes participaron en un conflicto reconozcan, al menos parcialmente, las responsabilidades políticas que les corresponden. Cuando ese reconocimiento está ausente, el llamado a la unidad puede ser percibido como una invitación a cerrar el conflicto sin siquiera procesarlo. (…) Es presumible afirmar que detrás de esta omisión hay elementos de cálculo estratégico. Una autocrítica podría haber implicado costos elevados frente a la propia coalición de gobierno, abriendo con ello espacios para una interpelación política y/o jurídica mayor, debilitando el bloque oficialista justo en un momento en el que necesitan garantizar la estabilidad del primer gabinete", sostiene.

Esa misma omisión se repite en otro plano: el de las víctimas de la reciente represión. Mientras Fujimori sostiene que uno de los objetivos de su gobierno será fortalecer la democracia, la mandataria no hizo ninguna mención a las personas que murieron o resultaron afectadas durante las protestas, pese a que ejercían su derecho a la manifestación, a lo largo de los 45 minutos que duró su discurso. Aguilar considera que hacer referencia al Estado de derecho no solo implica respetar la legalidad, sino también reconocer a las personas afectadas por eventuales abusos estatales.

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"Desde la perspectiva de las políticas de memoria y reparación, el silencio tiene un significado profundamente político y, más aún, violento. No mencionar a las víctimas puede ser interpretado por diversos sectores como una priorización de la estabilidad institucional sobre el reconocimiento del daño sufrido, especialmente cuando las investigaciones sobre las muertes y lesiones derivadas de la represión aún no han concluido. Allí no veo ningún ánimo conciliador", advierte.

De la austeridad al derroche

Solo días antes de jurar como nueva mandataria, Keiko Fujimori aseguró que el Estado que estaba por asumir se encontraba en una situación crítica: "Los últimos gobiernos nos están entregando el Estado de manera catastrófica; los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores". Ese diagnóstico fue reiterado en su mensaje a la nación: "Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación".

Esta idea actúa como un salvavidas frente a eventuales fracasos de gestión. Contar con un responsable externo a la acción del fujimorismo acota las responsabilidades de la administración entrante.

Sin embargo, bajo un análisis crítico, esa posición entra en contradicción con el desarrollo posterior de su discurso. En lugar de apelar a la austeridad, cierta protección financiera en pro del empresariado y la reducción del gasto público —principales activos del fujimorismo durante la campaña y argumentos frecuente para diferenciarse de las propuestas de Roberto Sánchez—, Fujimori optó por presentar una serie de promesas que hicieron levantar más de una ceja entre los sectores liberales que respaldan a Fuerza Popular.

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La más llamativa podría ser la promesa de elevar la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.300. Durante la campaña, Fujimori sostenía que aumentar el sueldo mínimo respondía a la búsqueda de un “aplauso fácil”. A ello se suma el anuncio de duplicar el beneficio de Pensión 65: el monto entregado a las personas adultas mayores pasaría de S/350 a S/700 bimestrales.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, los anuncios del Gobierno parecen incompatibles con una política de disciplina fiscal: "Si uno suma todos los proyectos que no se han dado, más los gastos corrientes adicionales, esto no se condice con sanear las cuentas públicas. Creo que lo que vamos a ver es el detalle cuando el premier se presente al Congreso y delinee todo lo planteado. Así como cuando el ministro de Economía presente el presupuesto correspondiente", precisó.

El llamado a incrementar el gasto público de manera tan repentina ofrece una primera pista sobre la línea de acción que seguirá el nuevo gobierno. Como herencia de su padre, Keiko Fujimori apuesta por el corto plazo. El mayor gasto viene acompañado de prácticas asistencialistas que buscan obtener popularidad inmediata y generan espacios que pueden ser captados por piezas cercanas a la cantera de Fuerza Popular.

Seguridad y fenómeno de El Niño

Durante buena parte de la campaña, la propuesta fujimorista contó con un recurso político atractivo para buena parte del electorado: la promesa de la “mano dura”. Bajo el lema “Perú con Orden”, Fuerza Popular planteó alcanzar la pacificación social en un país cuya principal preocupación es la inseguridad ciudadana. Durante el discurso presidencial, la palabra “orden” solo fue mencionada dos veces.

En términos concretos, lo anunciado por Fujimori reproduce el contenido de su plan de gobierno. La mandataria anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control de las operaciones de seguridad en los estados de emergencia, una medida que ya viene aplicándose. Asimismo, prometió fortalecer a la Policía Nacional, aunque sin hacer referencia a una reforma específica de la institución.

Para Fujimori, la vigencia de leyes como la 32108 —cuestionada por formar parte del paquete de normas denominado “leyes procrimen” y por limitar el allanamiento de inmuebles— no merece observaciones. Bajo el nuevo gobierno, los retrocesos en materia de seguridad aprobados por el Congreso 2021-2026 no tienen, por ahora, anuncio alguno de ser revertidos.

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El otro tema que la presidenta considera prioritario es el fenómeno de El Niño. El tratamiento que le da a esta emergencia revela más por lo que omite que por lo que promete. Ella misma reconoce que “el clima no espera los tiempos de la burocracia” y plantea un cambio de paradigma —pasar de la reacción tardía a la prevención—, pero el anuncio permanece en el terreno de las generalidades: descolmatación de ríos, defensas ribereñas, maquinaria pesada y logística de respuesta rápida.

Fujimori vuelve a apostar por soluciones que suelen anunciarse frente a cada episodio de El Niño costero o El Niño global. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, evita profundizar en la estrategia que permitirá convertir esas promesas en acciones concretas.

La ausencia de cifras específicas —cuánto se invertirá, en qué cuencas y bajo qué cronograma— deja entrever un grado de improvisación en un discurso que, en contraste, sí ofrece montos exactos para otras políticas públicas.

Un punto aparte es el mecanismo elegido: decretos de urgencia y facultades delegadas por el Congreso, agrupando el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana bajo una misma vía excepcional. El Ejecutivo adelanta que pretende implementar estas medidas sin seguir el trámite legislativo ordinario. Ello podría convertirse en un foco de tensión con el nuevo Congreso bicameral, especialmente si las facultades delegadas no son delimitadas con precisión y terminan utilizándose para asuntos que excedan la atención de la emergencia climática.

Transportes sin asidero

El gasto público también ocupa un lugar central en el capítulo de infraestructura. Al diagnóstico de un Estado quebrado, Fujimori responde con una serie de promesas de obras que, históricamente, no han llegado a concretarse. La presidenta promete culminar las líneas de metro pendientes en Lima e impulsar sistemas de metro en ciudades como Trujillo, Piura y Arequipa.

Fujimori busca solucionar un problema originado por otro Fujimori. Históricamente, la expansión de la informalidad en el transporte y la ausencia de sistemas integrados tienen su origen en decisiones adoptadas durante el régimen de los noventa —tales como el Decreto Legislativo N° 651, en su momento—.

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Ahora, en su búsqueda por reivindicar esa falta, la presidenta omite un detalle: estas ciudades cuentan con planes de movilidad urbana aprobados por sus municipios, muchos de ellos elaborados con el apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Promovilidad. Dichos planes contemplan la implementación de proyectos de transporte público masivo, pero no incluyen líneas de metro.

Jair Rodríguez, politólogo por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y consultor en movilidad urbana, señala que ello responde, en primer término, a que la demanda de viajes en esas ciudades no justifica un sistema de esa capacidad y, en segundo lugar, a que la construcción y operación de un metro implican costos muy elevados.

"En gran parte, esto se debe a un grave desconocimiento de los procesos de gestión pública en los gobiernos locales y regionales, así como al hecho de que el anuncio responde a una promesa de campaña contemplada en el plan de gobierno y que el Ejecutivo necesita sostener en su primer mensaje a la nación. El gobierno debería enfocar su atención en lo que realmente ocurre en la gestión pública subnacional para promover proyectos realistas y acordes con los instrumentos de planificación ya aprobados a nivel provincial", señala al momento de indicar las razones por las que Fujimori incluyó estas medidas en su mensaje presidencial.