
La ONU exhortó al Perú a no aprobar la ley que favorecería la impunidad de policías y militares. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar el proyecto que otorga a la jurisdicción militar-policial la facultad de investigar y juzgar posibles violaciones de derechos humanos. El organismo recordó que este tipo de casos debe permanecer bajo competencia de la justicia ordinaria.
El mensaje fue difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”, señaló la entidad en sus redes sociales. La advertencia se produce cuando el Congreso aún debe someter la iniciativa a una segunda votación para definir su futuro.
La observación de Naciones Unidas se dirige a una propuesta legislativa aprobada en primera votación por el Parlamento el pasado 12 de junio. El texto modifica el Código Penal Militar Policial y establece que policías y militares no podrán enfrentar procesos paralelos por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. Además, dispone que determinados casos sean resueltos dentro de este último fuero.
La iniciativa recibió 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El proyecto contó con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular. En contraste, legisladores de izquierda y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos que tendría la norma para la rendición de cuentas en casos que involucren a agentes del Estado.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) alertó que la iniciativa representa el retorno de mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), favorecieron la impunidad durante el conflicto armado interno. En un editorial, recordó que el Informe Final de la CVR concluyó que la actuación de la justicia militar en casos de violaciones de derechos humanos permitió que numerosos procesos terminaran sin sanciones efectivas para los responsables.
La institución también cuestionó que el proyecto amplíe la definición de delito de función y permita que hechos cometidos por policías y militares durante estados de emergencia sean conocidos por tribunales militares. A juicio del IDEHPUCP, la propuesta forma parte de una serie de medidas impulsadas en los últimos años que reducen los mecanismos de control sobre agentes estatales y debilitan la rendición de cuentas.
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Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la norma es inconstitucional y contradice criterios establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que desde 2004 existe un precedente que determina que delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
Rivera advirtió que el proyecto modifica de manera sustancial el concepto de delito de función y abre la posibilidad de trasladar a la jurisdicción militar-policial hechos que actualmente corresponden al fuero común. Para el abogado, la propuesta se suma a otras iniciativas aprobadas por el Congreso que, según indicó, favorecen escenarios de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación del proyecto en primera votación y afirmó que la jurisdicción militar tiene un carácter excepcional que no debe extenderse a delitos comunes. En un pronunciamiento público, la organización señaló que la ampliación de competencias del fuero militar-policial contradice estándares reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La CNDDHH sostuvo además que la medida debilita la rendición de cuentas y podría dificultar el acceso a la justicia para las víctimas. Según la organización, trasladar este tipo de casos fuera de la justicia ordinaria genera mayores riesgos de impunidad y afecta las garantías de protección de los derechos humanos.
Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo a la propuesta y cuestionó que policías y militares sean retirados de la jurisdicción civil para ser sometidos a tribunales militares. Consideró que una medida de esa naturaleza no corresponde a los estándares democráticos que deben regir en el país.
Sánchez afirmó que el Perú necesita fortalecer la protección de los derechos humanos y recuperar estándares democráticos en las instituciones públicas. "Que la Policía Nacional y el Ejército, en el marco de su actividad, sean hoy quitados del foro civil y sean sometidos al foro militar, eso no es un estándar de la democracia", declaró. Asimismo, sostuvo que la norma no contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho ni beneficia al país.





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