
El partido Juntos por el Perú ha solicitado formalmente al Jurado Electoral Especial (JEE) de Bagua que se declare la "improcedencia del pedido de nulidad de actas de sufragio" presentado por Rafael López Aliaga. Según el documento, la solicitud de Renovación Popular busca "generar actos que entorpecen el normal desarrollo del proceso electoral".
El personero legal del partido JP, Carlos Zafra Flores, señaló que los cuestionamientos contra las mesas de sufragio carecen de base, ya que son "afirmaciones de hechos contrarios a la realidad", según se lee en el documento. Asimismo, indicó que se está intentando vulnerar la "intangibilidad del padrón electoral debidamente aprobado por el JNE", hecho que podría perjudicar los votos de ciudadanos que estaban habilitados legalmente para sufragar.
La denuncia por "temeridad" incluye un pedido de sanción económica. Juntos por el Perú solicitó que se imponga una multa de 10 unidades de referencia procesal a López Aliaga. El sustento de esta sanción es que el candidato estaría actuando con "mala fe" al presentar reclamos que ya han sido rechazados y se interponen con calendario electoral.
Asimismo, la solicitud de sanción alcanza al abogado del candidato, Wilber Medina Bárcena. El partido pide una multa de "20 unidades de referencia procesal (URP)". JP argumenta que el letrado, conociendo la normativa, ha suscrito recursos "manifiestamente improcedentes", por lo cual también solicitan que se remitan copias de lo actuado al Colegio de Abogados para que se evalúe su conducta ética.
El documento concluye que "solo pueden votar quienes se encuentren debidamente inscritos en el padrón electoral". Por ende, cualquier intento de nulidad basado en supuestas irregularidades del padrón es improcedente.
El JEE de Bagua deberá ahora resolver si aplica las sanciones económicas solicitadas contra el líder de Renovación Popular y su abogado, Wilber Medina.
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Desde el 2005, la ONPE implementa mesas de votación especiales en comunidades alejadas para facilitar el derecho al sufragio. Estas mesas, diseñadas para evitar que los ciudadanos de centros poblados realicen viajes extenuantes de varios días, se identifican con una numeración específica que va del 900001 al 904703.
Según el organismo, toda la documentación y las actas escaneadas de estos sectores son de acceso público y pueden ser auditadas a través de su portal oficial. Del mismo modo, durante una sesión en el Congreso, el representante de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló que existen alrededor de 4.700 mesas vinculadas a centros poblados.
Los pasos a seguir para la instalación de estas mesas incluyen la solicitud de la autoridad local, croquis de ubicación, cartas de las municipalidades, acuerdos de aceptación, lista de electores y registro fotográfico del local de votación. "Estas solicitudes son evaluadas por las oficinas regionales y se emite un pronunciamiento sobre su viabilidad", explicó.





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