
Fuerza Popular y Renovación Popular volvieron a mostrar su poderío y ensañamiento desde el Congreso contra quienes no están alineados a sus intereses. Esta vez las bancadas que son dirigidas por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se unieron a otros partidos que no pasaron la valla electoral para votar por una nueva inhabilitación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
El pasado 12 de marzo, el Legislativo había rechazado inhabilitar a Espinoza al no lograr los votos necesarios. Sin embargo, el excongresista de Renovación Popular Jorge Montoya presentó una reconsideración a la votación. La excusa para esta represalia contra Espinoza es la denuncia constitucional que presentó contra 11 legisladores que votaron a favor de la ley que facultaba el cobro de doble sueldo para exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Montoya estaba dentro de este grupo de congresistas.
En esta votación, la bancada de Fuerza Popular actuó en conjunto y votó en bloque a favor de la medida. Los 15 integrantes del fujimorismo mostraron su respaldo, entre quienes destacan, por no haber sido reelegidos, Ernesto Bustamante, Raúl Huamán y Jeny López, como candidatos al Senado; y María Zeta, aspirante a diputada por Fuerza Popular.
De igual manera, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, se manifestó en bloque a favor de la medida para asegurar la inhabilitación de Espinoza. Los congresistas que no formarán parte del Congreso bicameral, Miguel Ciccia Vásquez, Esdras Medina, María Córdova Lobatón y Diego Bazán, respaldaron la medida contra la exfiscal de la Nación.
Este ensañamiento se consolidó con el apoyo de Alianza para el Progreso y Avanza País, partidos que no pasaron la valla electoral. Por el lado de APP, votaron a favor María Acuña y Alejandro Soto, entre otros. En Avanza País, figuras como Adriana Tudela y José Williams sumaron sus votos para alcanzar la mayoría necesaria.
Legisladores como José Luna Gálvez y Digna Calle, por Podemos, y Héctor Valer, por Somos Perú, también se alinearon con la postura de Fujimori y López Aliaga.
Cabe resaltar que, en la vía judicial, existe un recurso de amparo que tiene el respaldo de 2 votos contra 1 para dejar sin efecto la sanción de inhabilitación por 10 años. La defensa de Delia Espinoza exige que se declare nula la resolución que la apartó del cargo por una década. Asimismo, pide que se anule la autorización que permitió iniciarle un proceso penal. Además, solicita que todo el expediente y las diligencias realizadas por el Congreso en torno a su denuncia sean invalidados por completo.
Su demanda incluye el pedido de retornar a sus funciones habituales como fiscal suprema. A esto se suma un reclamo por reparación económica durante el tiempo que duró su inhabilitación.
La decana del Colegio de Abogados de Lima busca que el tribunal emita una exhortación dirigida al Congreso de la República para que no se repitan arbitrariedades en futuros juicios políticos contra otros altos funcionarios.
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Es necesario recordar que hubo una votación previa para inhabilitar a Delia Espinoza. En comparación con la primera, en la que se obtuvieron 58 votos, esta segunda votación sumó 12 más y logró un total de 70 votos.
La diferencia más notoria es el paso de una votación fragmentada a una mayoría. Mientras que en la primera hubo más abstenciones y votos en contra en bloques como Perú Libre o Podemos Perú, en la segunda la mayoría se alineó. Y, a pesar de que no hubo un cambio en los argumentos de la denuncia, se evidenció un cambio en la posición de los congresistas.
Las bancadas con mayor peso, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), sumaron cada una 4 votos adicionales a su favor. La agrupación naranja pasó de 11 a 15; y APP, de 8 a 12 votos.
Podemos Perú también mostró un aumento. Este bloque, que en la primera votación parecía dubitativo, terminó votando en su mayoría a favor de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
Además, en la segunda votación, los votos "en contra" correspondieron en su mayoría a la Bancada Socialista, Juntos por el Perú y algunos no agrupados, que sumaron 18 votos en total.
| Bancada | Primera Votación (A favor) | Segunda Votación (A favor) | Tendencia |
| Fuerza Popular (FP) | 11 | 15 | Incremento significativo |
| Alianza para el Progreso (APP) | 8 | 12 | Incremento significativo |
| Renovación Popular (RP) | 6 | 9 | Incremento significativo |
| Perú Libre (PL) | 2 | 6 | Incremento significativo |
| Acción Popular (AP) | 5 | 6 | Ligero incremento |
| Avanza País | 5 | 4 | Ligera disminución |
| Podemos Perú | 2 | 6 | Incremento significativo |
| Somos Perú | 3 | 5 | Incremento |
Rosa María Palacios, abogada
"Parece que Keiko Fujimori quiere perder. Mostrar la cara más autoritaria y arbitraria de su partido, a 30 días de las elecciones no tiene otra explicación política. El caso de los 'doble sueldos' ha sido una medida repudiada por el electorado. Ahí tienen los resultados. Delia Espinosa los denunció correctamente por tráfico de influencias... La han inhabilitado, con Fuerza Popular a la cabeza, otra vez."
Alejandro Godoy, politólogo
"Fuerza Popular se ha hecho un daño inconmensurable votando a favor de este atropello. Porque aquí se va a iniciar el recuerdo de los últimos cinco años en materia de normas y abusos con su voto."
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Mesías Guevara, político
"No a la persecución contra Delia Espinoza de parte del @congresoperu que es presidido por Fernando Rospilgiosi miembro de Fuerza Popular”.
Anahí Durand, exministra de la Mujer
"Nuevamente la coalición golpista y mafiosa actúa como una aplanadora imponiendo sanciones políticas pues la ex fiscal denunció a 11 congresistas por la ley que favorece a los congresistas militares con doble remuneración. Nuevamente la coalición (Fujimorismo, Renovación Popular, APP etc) actúa como un pacto consolidado para favorecer la impunidad, la corrupción y la venganza política."
El consenso entre analistas y políticos señala que la inhabilitación de Delia Espinoza es autoritaria y refleja una venganza política desde la coalición mayoritaria en el Congreso, liderada por Fuerza Popular.
Los críticos concluyen que esta medida responde a una represalia después de que la fiscal denunciara a varios congresistas por la aprobación de la ley de "dobles sueldos", la cual beneficia económicamente a exmilitares que integran el Parlamento. Advierten que es un abuso de poder que se observa a pocos días de la segunda vuelta electoral.





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