La venganza del pacto contra Delia Espinoza

El Congreso de la República del Perú ha aprobado la inhabilitación por diez años contra la ex fiscal de la nación Delia Espinoza y vuelve a convertir dicha facultad constitucional parlamentaria en instrumento de sanción política. Ello no es más que un comportamiento propio de regímenes autoritarios.

Y es que la decisión del pacto corrupto en realidad fija una señal directa hacia el sistema de persecución del delito y administración de justicia: la fiscalización del poder tiene consecuencias que pueden arruinar tu carrera profesional.

En este caso, la secuencia resulta clara. Hace dos meses, un primer intento de sanción quedó sin respaldo suficiente. Sin embargo, el objetivo regresó ayer a la agenda para que finalmente, con 69 votos, la mayoría de congresistas concrete el resultado pendiente en una nueva votación. Como en casos anteriores, la persistencia sobre el mismo caso marca una línea de acción sostenida hasta lograr la inhabilitación.

No obstante, los peruanos deben estar advertidos del contexto que define el fondo de este conflicto. A Espinoza la castigan por haber presentado una denuncia contra once congresistas por negociación incompatible, a raíz de la promoción de una ley que permite la percepción simultánea de pensión militar o policial y remuneración parlamentaria.

A esa secuencia se suma una norma armada de contrabando orientada a su salida del Colegio de Abogados de Lima, cargo que ganó por una aplastante mayoría al candidato del pacto.

En paralelo, Espinoza obtuvo una sentencia favorable frente al presidente del Congreso actual, el fujimorista Fernando Rospigliosi por difamación, tras imputaciones públicas que la tachaban de terrorista.

Una República se sostiene, esencialmente, sobre equilibrio de poderes y garantías para la supervisión del poder público. Por eso, la decisión adoptada por el Congreso introduce otra grave alteración en esos pilares. Todo ello, mientras el reloj que definirá la segunda vuelta sigue en conteo regresivo.