
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó los actos de violencia y amenazas registrados frente a la vivienda de Roberto Burneo, presidente de la institución. Estos hechos ocurrieron el 30 de abril y fueron protagonizados por un grupo de manifestantes que respaldan la narrativa de un supuesto fraude electoral.
“El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, señalaron en su comunicado.
La protesta no solo se realizó frente a la vivienda de Burneo, sino también en las instalaciones del propio JNE. Agentes policiales se desplegaron en los distritos de Jesús María y San Isidro para resguardar la seguridad de ambos puntos. Los manifestantes solicitaron la realización de elecciones complementarias, pese a que la institución ya había informado que, tras un proceso de deliberación, decidió no llevar a cabo dicho proceso.
El JNE recalcó que sus actuaciones se realizan 'con plena autonomía e independencia' y conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Asimismo, precisó que las decisiones adoptadas y por adoptar se enmarcan en sus facultades y responden a criterios de respeto irrestricto al ordenamiento jurídico.
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Comunicado del JNE.
El Pleno del JNE dio a conocer un acta oficial en la que descarta la posibilidad de convocar elecciones parlamentarias, como había propuesto el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. La institución sostuvo que la solicitud carece de respaldo legal y advirtió que su aplicación podría generar incertidumbre en el marco jurídico.
Los magistrados concluyeron que las elecciones complementarias no están contempladas para procesos de carácter general. El organismo electoral enfatizó que este mecanismo solo se encuentra regulado para comicios municipales, por lo que no resulta aplicable en el caso planteado. Asimismo, recordó que la legislación vigente permite anular elecciones municipales únicamente bajo condiciones específicas, como la existencia de irregularidades graves o cuando los votos nulos o blancos superan ciertos umbrales establecidos.
En esa línea, el JNE reiteró que su actuación está sujeta a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, subrayando la importancia de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La entidad también señaló que extender de forma analógica figuras jurídicas diseñadas para procesos municipales a elecciones generales implicaría contravenir principios fundamentales como el de legalidad y reserva de ley, además de poner en riesgo la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema electoral.





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