
Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, presentó una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de no haber podido votar el pasado 12 de abril. La acción legal fue interpuesta a través de su abogado, el constitucionalista Luciano López.
Desde el despacho de López argumentaron que la exclusión de Espinoza del padrón electoral constituye una vulneración grave de sus derechos al voto, a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. "La inconstitucional inhabilitación que le impuso el Congreso no suspende su derecho a elegir; le impide el acceso a la función pública. Y esa decisión también está judicializada ante la justicia constitucional", declaró López a través de su cuenta de X (antes Twitter).
La situación había sido advertida por la propia Espinoza días antes de la jornada electoral: "Hago un llamado respetuoso a los organismos internacionales para que, además de verificar los resultados de las elecciones, puedan tomar nota del desarrollo de este proceso electoral y de las arbitrariedades, como las que estoy comentando, que se están cometiendo. De pronto puede haber también otros peruanos afectados", señaló.
Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no se ha emitido una respuesta oficial tras la presentación de esta demanda.
La bancada de Juntos por el Perú (JPP) ha presentado también una denuncia constitucional contra el JNE en el Congreso de la República. En este caso, la medida se sustenta en los incidentes ocurridos durante las Elecciones Generales del 12 y 13 de abril, entre los que destaca el retraso en la distribución del material electoral a los locales de votación.
De acuerdo con las declaraciones de Sánchez, hechas desde su local de campaña, las denuncias constitucionales ya fueron presentadas el pasado 27 de abril, al considerar que el JNE habría actuado fuera del marco legal durante el proceso electoral. Las denuncias también alcanzan a la Junta Nacional de Justicia.
El candidato que aspira a pasar a la segunda vuelta señaló que su bancada evaluó las medidas que debía adoptar dentro del marco constitucional y concluyó que existen razones suficientes para interponer una denuncia constitucional contra ambas instituciones.





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