
La presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) negó tener intenciones de nombrar a José Pérez Duharte como jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, aseguró que no se ha reunido con el mencionado.
“La presidenta de la Junta Nacional de Justicia no se ha reunido ni ha tomado contacto, de manera directa o indirecta, con el referido ciudadano, a quien además no conoce, por lo que se desmiente cualquier insinuación en ese sentido”, señala el comunicado.
Asimismo, indicaron que continúan investigando a Piero Corvetto para esclarecer su eventual responsabilidad en las irregularidades detectadas durante el proceso electoral del pasado domingo 12 de abril. Como se sabe, la investigación de la JNJ tiene como objetivo sustentar una eventual decisión sobre la ratificación de Corvetto en el cargo.
“(La investigación) se inició de oficio por decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia y actualmente se encuentra a cargo del miembro instructor designado. Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso”, añadieron.
Comunicado del JNJ.
Inspectores de la ONPE acudieron al almacén central ubicado en Lurín, punto de partida de los camiones encargados de distribuir el material electoral. Allí verificaron que, el mismo domingo 12 de abril —fecha en que se realizaron los comicios—, no se llevó a cabo la entrega de los implementos necesarios para habilitar las mesas de votación.
De acuerdo con el informe elaborado por los auditores César Ordóñez Enríquez y Percy Torres Corzo, al que accedió La República, dos trabajadores de la ONPE presentes en el lugar, Juan Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, señalaron que no lograron resolver los inconvenientes vinculados al transporte del material. Esta situación impidió la instalación de diversas mesas electorales.
Frente al malestar de los ciudadanos que no pudieron emitir su voto, la ONPE difundió un pronunciamiento en el que atribuyó la responsabilidad a la empresa Servicios Especiales Galaga, por no disponer de suficientes unidades para cumplir con el traslado estipulado en un contrato superior a los seis millones de soles. No obstante, los propios auditores advirtieron que también hubo responsabilidad interna en la entidad, al no evitar que numerosos electores quedaran sin sufragar debido a la falta de apertura de mesas.





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