Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

La vicepresidenta de la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia (Jusdem), Antonia Saquicuray, alertó sobre el riesgo que representa para el sistema de justicia el retorno de jueces y fiscales con investigaciones y de un perfil cuestionado. Durante su presentación en la audiencia de la CIDH sobre la situación de los operadores de justicia, agregó que estas reincorporaciones vienen siendo avaladas por el Tribunal Constitucional.

“El retorno al sistema de justicia de jueces y fiscales investigados —de la mano del TC— así como los actuales nombramientos de jueces, juezas y fiscales por parte de la actual Junta Nacional de Justicia, son los nuevos riesgos para el sistema de justicia […] la reinserción de este perfil de funcionarios y el ingreso de nuevos operadores, sin que exista una garantía institucional de su independencia política, pone en jaque el acceso a la justicia”, señaló.

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La jueza sostuvo que actualmente no existen espacios de control institucional frente a los ataques de los que son víctimas los operadores de justicia, ya que organismos como la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público o la JNJ se han convertido en espacios de riesgo para la independencia judicial y fiscal. Sobre este último, inclusive, cuestionó su composición por haber resultado de una “elección dirigida por el defensor del Pueblo”.

Añadió que los jueces y fiscales que intentan defender la Constitución frente a normas dictadas por el Congreso como la que prescribe los delitos de lesa humanidad son terruqueados y atacados por las propias autoridades y congresistas. Como ejemplo mencionó los casos de los jueces Richard Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz, Oswaldo Ordóñez y Andrés Tapia.

Alertó que el TC viene avalando normas como la anterior mencionada y que esta misma situación ocurriría con la cuestionada ley de Amnistía. “No dudamos que (ley de Amnistía) también siga ese mismo camino o con la ley que violenta el espacio civil, la ley APCI”, enfatizó.

Criminalización y hostigamiento

En otro momento de su intervención también denunció que fiscales mujeres sufren de insultos misóginos, violación de su intimidad y ataques de género, como el ocurrido con la fiscal Marita Barreto. A esto sumó la criminalización penal y disciplinaria a través de procesos de inhabilitación y destitución que sufrieron las fiscales Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.

“La estigmatización y desinformación los afecta directamente y a sus familias. Suspensiones y destituciones que impulsan a los fiscales a evaluar sus renuncias, como los casos de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, que investigan el caso LavaJato, caso de corrupción transnacional y que cuentan hoy cuentan con medidas cautelares por la CIDH”, indicó.

Crisis institucional

Dentro de su discurso, la jueza Antonia Saquicuray señaló que la crisis institucional que vive el Perú en los últimos años data del 2021, en el contexto de las elecciones presidenciales, y las denuncias de fraude que se interpusieron contra los jefes del JNE y la ONPE. Este antecedente, según su postura, hoy tiene como consecuencia la criminalización, persecución y ataques contra los jueces, juezas y fiscales.

“Cuando se presentaron las denuncias de fraude electoral contra el JNE y la ONPE se pusieron en tela de juicio no sola la integridad y transparencia de sus autoridades, sino también el propio sistema democrático […] no existe precedente de lo antes señalado ni en la época de la dictadura de Fujimori en los años 90. Los patrones de ataque a las y los operados de justicia consiste básicamente en amenazas y ataques físicos tanto por las economías ilegales, como por sectores políticos”, puntualizó.