Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por las contrataciones de más S/97 millones entre la Municipalidad de Lima (MML) y el estudio de abogados neoyorquino Boies Schiller Flexner LLP, que incluye como socio al letrado de origen argentino Martín de Luca, cercano a Rafael López Aliaga.

De acuerdo con el medio La Encerrona, las indagaciones preliminares iniciaron el 31 de octubre del 2025 por orden del fiscal Néstor Rivera Navarro. El caso está a cargo del fiscal Leonardo Yapias Córdova, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción.

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Sin embargo, el caso terminó en su despacho después de haber sido rechazado por varios fiscales y de ser necesaria la intervención de una fiscal superior para atender el conflicto de competencia entre fiscales.

Dilación en la Fiscalía durante casi cinco meses

La denuncia, presentada por el Estudio Arbizu & Gamarra ante el Ministerio Público, fue inicialmente derivada al fiscal Leonardo Yapias Córdova, el 8 de julio del 2025, pero este se inhibió argumentando que la publicación sobre el tema realizada por La República fue publicada el 6 de abril del 2025 y en ese día le tocaba turno a otro fiscal.

Es así que fue derivado al fiscal Ronald Yonathan Márquez Saira del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, quien también rechazó el caso alegando que, en realidad, la noticia sobre el tema salió el 30 de marzo del 2025 en Perú 21 y ese día él no tenía turno.

Márquez pasó la investigación a un tercer fiscal. Esta vez se trató de Néstor Rivera Navarro del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, quien también deslindó responsabilidad, pues explicó que el día clave fue la publicación del 6 de abril, por lo que no les correspondía tomar el caso.

Ante este escenario, el 30 de octubre, la fiscal superior Nelly Aurora Castro Olaechea intervino y estableció que sea el despacho del fiscal Leonardo Yapias el que asuma el caso. Es decir, regresó a quien se le indicó inicialmente.

En el oficio se exhorta, además, que dicho despacho “ponga mayor celo en el cumplimiento de las disposiciones administrativas emitidas por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de funcionarios con la finalidad de evitar la dilación del inicio de diligencias preliminares”.

Hasta entonces, para fines de octubre del 2025, ya habían pasado casi cinco meses.

Sin embargo, el caso llegó a la Fiscalía de Yapias Córdova como una investigación preliminar, pues Rivera Navarro dispuso su inicio antes de derivarla.

Inicio de investigación

La investigación preliminar está dirigida contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Néstor Rivera estableció un plazo de 120 días para las diligencias preliminares.

Se requirió a la MML cumpla con informar en un plazo de cinco días remitir dos informes. El primero debía documentar las contrataciones del estudio jurídico Boies Schiller Flexner LLP, teniendo precisa el tiempo de duración, monto de contratación, el modo de pago y el proceso de contratación íntegro.

El segundo pedía identificar e informar quiénes fueron los servidores encargados de la contratación de dicho estudio, así como las áreas que participaron del proceso de contratación. Para esto, solicitaron precisar qué dependencias laboran, sus modalidades contractuales, cargos, funciones y números de contacto.

Adicionalmente, se requirió presentar copias certificadas de los instrumentos legales en los que se regule el trámite administrativo que se sigue para los procesos de contratación de personal.

Por otro lado, se solicitó al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OCSE) informe en el plazo de cinco días si el estudio neoyorquino está habilitado para contratar con el Estado o existe algún impedimento en su contra. También, debió informar si existe alguna sanción en su contra.

Finalmente, se pidió a la contraloría informar si ha realizado alguna auditoría de control simultáneo o posterior en relación a contrataciones del referido estudio con la MML “por montos exorbitantes”.

Indicó además que se programe, cuando sea necesario, la declaración de López Aliaga en su condición de exalcalde de Lima.

Sobre el caso

La investigación preliminar se origina por una denuncia presentada por el estudio Arbizu&Gamarra, representado por Julio Arbizu y Ronald Gamarra, a través del cual señalan a López Aliaga por las contrataciones con el ya mencionado estudio neoyorquino por el monto ascendente a S/97.510.450, lo que representa el 82% del total de fondos destinados por la MML para servicios legales externos.

Tales contratos se realizaron como parte de una estrategia legal orientada a anular las concesiones de peaje con las empresas Rutas de Lima (Brookfield Asset Management) y Lima Expresa (Vinci Highways).

El presunto delito de negociación incompatible, explica el estudio peruano, se da debido a que López Aliaga ha reconocido públicamente su amistad con Martin de Luca. Incluso, ambos coincidieron en la investidura presidencial de Donald Trump el 20 de enero del 2025 y fechas posteriores a dicho encuentro se suscribieron dos contratos con el referido buffet.

Además, su cercanía se expuso nuevamente en octubre del 2025 cuando López Aliaga organizó un evento conmemorativo en el Parque de las Aguas por el asesinato del activista político Charlie Kirk y entregó un diploma honorífico de la ciudad de Lima a Martin de Luca.