Tomás Gálvez: Congreso aprueba archivar su denuncia por organización criminal en caso Podemos Perú

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este 4 de marzo el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por presunta organización criminal y tráfico de influencias en el caso Podemos Perú. Con 15 votos a favor y 3 en contra, el grupo de trabajo declaró infundada la acusación y dispuso su pase al archivo.

El caso se originó por una denuncia presentada por la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra Tomás Aladino Gálvez Villegas. La acusación sostenía que el exfiscal supremo integró una presunta red vinculada al hoy congresista José Luna Gálvez para copar instituciones públicas.

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El informe final evaluó declaraciones, registros telefónicos y testimonios de colaboradores eficaces. Sin embargo, concluyó que no existe prueba suficiente que demuestre que Gálvez ejerció control sobre exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura o que influyó en la designación del jefe de la ONPE.

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Informe final señala falta de pruebas y descarta influencia directa de Tomás Gálvez

El informe aprobado por la Comisión Permanente sostuvo que la denuncia contra Tomás Gálvez no logró acreditar su pertenencia a una organización criminal. El documento precisó que, para configurar ese delito, se requiere demostrar estructura, permanencia, reparto de roles y un programa criminal definido.

En relación con el presunto favorecimiento en la designación del jefe de la ONPE, el informe señaló que no existe documento, registro oficial ni acto administrativo que demuestre una intervención directa de Gálvez en el proceso de selección. La comisión remarcó que el nombramiento dependía del entonces Consejo Nacional de la Magistratura y que no se acreditó presión indebida sobre sus integrantes.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el informe analizó la versión de que el exfiscal supremo ofreció interceder ante el consejero Herbert Marcelo Cubas. Sin embargo, concluyó que la acusación se sustentó principalmente en declaraciones sin corroboración periférica. No se presentó evidencia bancaria, comunicaciones formales ni testimonios independientes que confirmen la supuesta negociación.

El documento también descartó que se haya probado la existencia de una promesa concreta de beneficios para la esposa del exmagistrado. Indica que no se acreditó que Susana Guerrero obtuviera cargo alguno en la ONPE como consecuencia de una gestión atribuida a Gálvez. Con estos argumentos, la mayoría parlamentaria declaró infundada la denuncia constitucional.

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La denuncia fiscal describió una presunta red vinculada a José Luna y el partido Podemos Perú

La denuncia constitucional presentada contra Tomás Gálvez lo ubicó como parte de una presunta organización vinculada al hoy congresista José Luna Gálvez. Según la tesis fiscal, el objetivo del grupo era obtener poder político y económico mediante la captura de instituciones clave del Estado.

El Ministerio Público señaló que el plan incluía asegurar la designación de Adolfo Carlo Magno Castillo Meza como jefe de la ONPE. La acusación sostenía que su candidatura contaba con respaldo político y apoyo económico proveniente del entorno empresarial ligado a José Luna. El propósito final era facilitar la inscripción y consolidación de Podemos Perú ante el sistema electoral.

La denuncia también afirmó que Gálvez, en su condición de fiscal supremo titular, tenía una posición privilegiada para acercarse a miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. En particular, mencionó su presunta influencia sobre Herbert Marcelo Cubas. Según la imputación, ese vínculo resultaba clave para asegurar votos en el proceso de elección.

Además, la fiscalía indicó que el exmagistrado habría recibido la promesa de beneficios profesionales y proyección política dentro de Podemos Perú. Incluso mencionó la intención de incorporar candidatos vinculados a rondas campesinas, aprovechando su cargo en el Ministerio Público. Estos elementos formaron parte de la hipótesis que el Congreso finalmente consideró no acreditada en esta etapa del antejuicio.