Solo 10 de 36 candidatos proponen eliminar leyes pro crimen

“Salimos con miedo y no sabemos si volveremos a casa. Ya no solo trabajamos para nuestros hogares, sino para pagar a los grupos de extorsión que matan a nuestros compañeros”.

José Gonzalez resume con esta frase lo que sieten miles de conductores de vehículos de transporte público ante la ola de extorsión y sicariato que vive Lima Metropolitana y las pocas acciones del Estado por enfrentarla.

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En el 2025 las mafias asesinaron a 180 conductores de transporte público. Y este año los casos continúan. El 14 de febrero un chofer de la empresa El Rápido fue ultimado a balazos en San Martín de Porres mientras trasladaba pasajeros. Fue identificado como Amilcar Marcano, de nacionalidad venezolana.

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Frente a esta problemática, pocos son los candidatos a la Presidencia que proponen en sus planes de gobierno hacer algo para combatir la criminalidad y modificar o eliminar las leyes que favorecen a las bandas organizadas.

Se trata de los candidatos de los partidos Ahora Nación, Venceremos, Partido por el Buen Gobierno, Libertad Popular, Partido Morado, Frente de la Esperanza 2021, Juntos por el Perú, Partido Demócrata Unido Perú, Somos Perú y Primero la Gente.

En diálogo con La República el candidato del partido Morado, Mesías Guevara, señala que, de ser elegido, en los primeros 100 días de gobierno eliminará todas las leyes pro crimen porque son las que han generado inestabilidad, criminalidad y la economía ilegal. Para ello pedirá facultades legislativas al Congreso y hará presión social para que se las den.

“No dudaría (en cerrar el Congreso), pero priorizaríamos el diálogo sobre la importancia de que esas ley se deroguen”, señala.
Para Guevara es absurdo que se haya eliminado la Ley de Extinción de Dominio (Ley 32326). También que se haya modificado el protocolo de allanamiento y la colaboración eficaz (Ley 31990) porque reduce el tiempo para la colaboración eficaz y exige la presencia obligatoria de abogados en las reuniones.

Otro candidato que propone eliminar las leyes pro crimen es Ronald Atencio, del partido Venceremos. Señala que eliminaría estas normas porque no solo benefician a los delincuentes, sino que “muchas de ellas benefician a los mismos congresistas que las aprobaron; además de beneficiar a los dirigentes y militantes de sus partidos políticos”.

Ni Mesías Guevara, ni Atencio llegan a aparecer en las encuestas de intención de voto, a diferencia de Alfonso López Chau de Ahora Nación, que se halla en tercer lugar.

¿Qué normas modificarán?

En el plan de gobierno de Alfonso López Chau se señala que derogarán y modificarán las leyes pro crimen, como parte de las medidas que dictarán contra la inseguridad ciudadana.

También proponen fortalecer la articulación entre la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para el seguimiento y la trazabilidad del flujo de dinero proveniente de las extorsiones.

Mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propone en su plan de gobierno la eliminación de siete leyes pro crimen. Entre ellas la Ley 31751, que reduce el tiempo para la prescripción de ciertos delitos y que podría beneficiar a los responsables de crímenes complejos.

Asimismo, la Ley 32108, la cual modifica la definición de organización criminal y los procedimientos de allanamiento. Al respecto, consideran que se debe denominar organización criminal a un grupo de tres o más personas con una estructura compleja, mayor capacidad operativa y carácter estable o indefinido.

Mientras que el candidato de Libertad Popular, Rafael Belaunde, propone eliminar las leyes pro crimen y aplicar una “limpieza del marco legal de todas las normas aprobadas desde el 2017 que favorecen a la impunidad”.

En esa línea, el partido Primero La Gente, de Marisol Pérez Tello, en su plan de gobierno incluye a las leyes pro crimen como un problema que debilitan la persecución penal y elevan la impunidad. Propone que el 100% de estas normas sean derogadas y volver al marco jurídico anterior, corrigiendo los excesos. “Lo que ha hecho este Congreso sistemáticamente es quitarnos la capacidad de persecución, lo primero que tenemos que hacer es volver a lo que teníamos, por eso hay que derogarlas”, dijo.

En el caso de Somos Perú , también propone modificar estas normas. Pero hay que recordar que los congresistas de este partido apoyaron la aprobación de las leyes pro crimen.

Se debe indicar que ninguno de los 10 candidatos ahonda en sus planes de gobierno sobre qué normas deben ser modificadas, ni cómo lo harán o qué pasará después que las eliminen.

Hay 90 legisladores beneficiados

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, remarca que los principales beneficiados con las leyes pro crimen son 90 congresistas que eran investigados. También se beneficia la minería ilegal y los delincuentes comunes, pues se limita los allanamientos y las detenciones a casos de flagrancia. “Es el caldo perfecto para el incremento de la criminalidad”.

Señala que la principal ley modificada fue justamente la que definía qué es el crimen organizado. Modificaron la norma que estuvo vigente hasta el año pasado y en esa ley salieron cerca de 50 delitos que estaban comprendidos en el concepto de crimen organizado, “entre ellas la minería ilegal”.

“La minería ilegal ya no es tan crimen organizado. Cosa que es curiosa porque sabemos hoy por hoy que la minería ilegal y estas economías informales están produciendo más dinero que el mismo narcotráfico y que tienen redes hasta con determinados políticos”.

En tanto, Erika Solis, investigadora en criminalidad de la Pontifica Universidad Católica , explica que se debe hacer un análisis profundo de las normas porque muchas de esas leyes que se han dado son pro crimen y hay algunas que tienen apartados que lo que buscan también es gerencializar el sistema de justicia para que sea mucho más rápido, lo que obstaculiza, por ejemplo, el tema de la colaboración eficaz.

“Quieren que sea más rápida, pero eso no pasa por la ley necesariamente, pasa por una mejor gestión del sistema de justicia”.

Para Solis, una de las normas más graves es la Ley 32107 que habilita la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

“Tienes jueces que dicen, no, yo voy a aplicar los parámetros de los convenios internacionales, que también nos obligan, y otros que dicen, bueno, yo soy legalista, yo voy a aplicar la norma. Entonces empiezan a haber problemas de cómo nosotros vemos la seguridad jurídica”.

La postura del Ministerio Público

En tanto, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, sugiere que se modifique la ley de extinción de dominio porque exige una pena para poder confiscar los bienes a los delincuentes, lo que puede demorar años. La anterior norma de extinción de dominio no exigía ni siquiera que se haga una investigación. “O sea, a cualquiera le quitaban sus bienes sin tener siquiera una investigación preliminar”. Chávez propone ir a un término medio, “que empiece la extinción de dominio cuando hay una investigación preliminar”.

Más que eliminar las leyes pro crimen, Chávez propone que se nombre una comisión donde estén los expertos del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Legislativo, del Ejecutivo, de la Policía, para poder revisar todos estos paquetes legislativos y establecer qué se puede modificar y mejorar. “La idea es mejorar la legislación y hacer una legislación coherente, porque hay normas que contradicen a otras”.
Apuntó que el Gobierno de José Jerí dio la norma para crear un subsistema de investigación contra el crimen organizado, pero no va a funcionar porque no ha dado el prespuesto a la Fiscalía.

Mientras tanto, los crímenes continúan y el país está en un desgobierno. La cifras muestran cómo viene creciendo la criminalidad. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el Ministerio Público registró 16.730 denuncias por extorsión, 5.789 por homicidio simple, 928 por homicidio calificado, y 133 por sicariato en Lima Metropolitana y Callao.