Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

Pier Figari Mendoza, fundador de Fuerza Popular, exsecretario de Organización, expersonero legal y asesor personal de la candidata Keiko Fujimori, es uno de los aspirantes a diputado más notorios del partido naranja. Enfoca su campaña como víctima de una supuesta “persecución política”, debido a que durante 570 días estuvo preso, “entre ratas y excrementos”, por el “Caso Cócteles”. La historia completa es diferente.

En la hoja de vida que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Figari omite declarar a varias empresas a las que estuvo vinculado, una información que las normas electorales le exigen consignar. Estas son: Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción, Integral Technologies y Ofisoft.com. ¿Por qué no las ha nombrado como lo ordena la ley? Probablemente porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que estas compañías, de propiedad del exsecretario general y exjefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, Joaquín Ramírez Gamarra, hicieron transferencias sospechosas a las cuentas de Pier Figari.

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Así lo sostiene el fiscal especializado en Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque, quien formuló acusación contra Joaquín Ramírez, Pier Figari y también Keiko Fujimori. Pero este no es el “Caso Cócteles”. Es otro completamente diferente y que se encuentra en giro. Si bien el Tribunal Constitucional libró temporalmente a Keiko Fujimori y a Pier Figari de las imputaciones que formuló el fiscal José Domingo Pérez -por la recepción clandestina de millones de dólares para financiar las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016-, ambos están involucrados en el desfalco que Joaquín Ramírez y su familia perpetraron en agravio de la desaparecida Universidad Alas Peruanas (UAP).

De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal Salazar, Joaquín Ramírez y su familia, mientras tenían bajo su control la UAP, desviaron fondos del centro de estudios para Keiko Fujimori y Pier Figari con fines económicos y políticos. Desde las mencionadas cuatro empresas de Joaquín Ramírez, la UIF detectó 71 transferencias a las cuentas de Pier Figari Mendoza por un total de US$181.500.

Esto sucedió entre 2013 y 2017, cuando Figari era parte del cogollo directivo de Fuerza Popular y del entorno íntimo de la candidata Keiko Fujimori, periodo en el que, coincidentemente, Joaquín Ramírez estaba a cargo de la campaña y de las finanzas del partido naranja.

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Conforme a los reportes de la UIF, las transferencias fueron las siguientes:

• Lima Ingeniería y Construcción: 12 transferencias por US$54.000.
• Capricornio Import: 13 transferencias por US$49.500.
• Integral Technologies: 23 transferencias por US$40.000.
• Ofisoft.com: 23 transferencias por US$38.000.

Solo para recordar que la empresa Lima Ingeniería y Construcción de Joaquín Ramírez -que transfirió US$34.000 a Pier Figari-, es la que proveyó de dos inmuebles a Keiko Fujimori: el local de su campaña presidencial en la calle Bucaré en 2016 y la sede de su organización no gubernamental (ONG) Oportunidades, que fundó para justificar sus ingresos. La conexión es evidente. Y así lo vio el fiscal que formuló las imputaciones.

­Cuando la UIF informó al fiscal Wilson Salazar sobre las 71 transferencias por US$181.500 a Pier Figari desde las cuentas de las cuatro empresas de Joaquín Ramírez, el candidato fujimorista justificó que se trataba de honorarios legítimos que hizo como abogado.

La República buscó a Figari en su domicilio pero nunca se encontraba. Su defensa tampoco contestó.

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Lavadora naranja multiusos

Al fiscal del caso no le cuadró la explicación de Pier Figari sobre las “asesorías” a las empresas de Joaquín Ramírez, en un periodo en la que públicamente se sabía que este ya era investigado por presunto lavado de activos.

“El imputado (Figari) señala que las transferencias se debieron a la contraprestación por sus servicios de consultoría y asesoría jurídica. (…) Refiere que las asesorías se hacían absolviendo diversas consultas vía telefónica o vía electrónica. Para la fiscalía lo mencionado por el imputado no acredita la verosimilitud del servicio prestado de asesorías, (ya que las) empresas tienen distintos rubros u objetos sociales”, señaló el fiscal Salazar en la acusación.

“Por lo que no se entiende de qué forma desempeñó dichos servicios (a favor de las empresas de Ramírez), lo que permite inferir que se tratan de actos de transferencia de dinero maculado (corrupto) de la organización criminal (de Joaquín Ramírez) a través de las empresas de fachada a favor de Pier Figari”, concluyó.

La acusación fiscal señala que, por un lado, el dinero fue triangulado hacia Fuerza Popular y Keiko Fujimori para el financiamiento de la campaña presidencial de 2016. Pero también una porción de dichos fondos de origen ilícito fue usado para beneficio personal de Pier Figari, quien pretende proyectar la imagen de un político honesto y humilde mediante la exposición y distribución de los “tápers” naranjas durante su campaña proselitista.

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La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos siguió la pista del dinero recibido por Pier Figari y descubrió “un incremento patrimonial desproporcionado (respecto) a sus ingresos, mediante la adquisición de bienes inmuebles y muebles con las ganancias ilícitas producidas de su participación en los actos fraudulentos (de Joaquín Ramírez)”, explicó el fiscal en la acusación.

Se refería a la compra de un departamento en la zona exclusiva de Chacarilla del Estanque, en Santiago de Surco, por US$194.000, y de tres vehículos Mercedes Benz.

“Este acto de lavado reviste de diversos indicios que acreditan que las transferencias (de las empresas de Joaquín Ramírez a las cuentas de Pier Figari en el Banco de Crédito del Perú) son camufladas como supuestas remuneraciones a efectos de evitar la identificación de su verdadero origen ilícito”, señaló el fiscal Wilson Salazar que formuló la acusación.

Pero estos hechos no son aislados. Son parte de una estrategia para alcanzar el poder. Es un entramado en el que Keiko Fujimori también cumplió su propio papel. Por eso, en este caso, la candidata presidencial también está implicada.