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Política

Amazonas: Mafia de minería ilegal ataca e incendia puesto de control socioambiental

Comuneros y dirigentes culpan organizaciones criminales, pues ese puesto es clave y cumple un rol central en la vigilancia del territorio, impidiendo el ingreso de insumos utilizados por la minería ilegal, como diésel, mercurio y armamento.

El ataque al puesto de control en río Santiago, Amazonas. Foto: GTANW
El ataque al puesto de control en río Santiago, Amazonas. Foto: GTANW

Pobladores y dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) permanecen en alerta máxima por la violencia que sigue afectando gravemente a pueblos étnicos en Rio Santiago, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

Tras el ataque e incendio del puesto de control socioambiental de la comunidad San Rafael, en el bajo río Santiago advirtieron el avance de la minería ilegal y el riesgo que enfrenta la defensa territorial indígena en la zona.

“La violencia siguió afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, como lo demuestran los asesinatos, secuestros y amenazas”, señaló Teófilo Kukush, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís.

Una muestra de esta violencia fue la que ocurrió el 23 de diciembre, cuando una banda criminal atacó dicho puesto de control que cumple un rol central en la vigilancia del territorio, impidiendo el ingreso de insumos utilizados por la minería ilegal, como diésel, mercurio y armamento.

Para las autoridades indígenas, el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia para debilitar los sistemas de control y abrir paso a actividades criminales en el río Santiago.

El GTANW advirtió que detrás de estos hechos operan redes ilegales que promueven la violencia y la división interna en las comunidades, afectando la convivencia y la seguridad de las familias.

Denunciamos que este violentismo es impulsado por mafias que utilizan a personas de nuestras propias comunidades, amedrentándolas para generar conflictos internos y proteger sus intereses ilícitos. Alertamos que este ataque busca desmantelar nuestra capacidad de autodefensa y facilitar la captura criminal de nuestros territorios, dijo Kukush.

Las autoridades wampís reafirmaron que la minería es incompatible con su forma de vida y con su visión de futuro.

Asimismo, alertaron sobre la contaminación del río Santiago con mercurio y el impacto directo en la salud de las comunidades y de las próximas generaciones.

También cuestionaron los discursos que intentan legitimar estas actividades bajo supuestos argumentos culturales, señalando que contradicen el mandato ancestral de proteger el territorio integral.

Ante un escenario político incierto y el impulso de normas que podrían facilitar la expansión de la minería, el GTANW subrayó que la coordinación con el GTAA es clave para enfrentar la amenaza extractiva.

Ambas autoridades coincidieron en que la unidad es un factor central para garantizar la gobernanza territorial y la paz en la zona.

Asimismo, rechazaron que el Estado utilice la narrativa de un conflicto entre pueblos para evadir su responsabilidad de garantizar seguridad y derechos humanos en el territorio.

A través de un pronunciamiento recordaron la vigencia de los acuerdos entre ambas naciones indígenas y del Acuerdo de Bagua de septiembre de 2025.

Las autoridades señalaron que cualquier diálogo sobre el territorio debe partir de una condición básica: la erradicación de la minería ilegal.

Entre las medidas planteadas figuran una reunión urgente entre autoridades de ambos gobiernos territoriales y el fortalecimiento del control socioambiental conjunto en las zonas más vulnerables del bajo río Santiago.

Las autoridades wampís y awajún coincidieron en que la defensa del territorio es una responsabilidad histórica y colectiva, y reiteraron su rechazo a la violencia minera que amenaza la vida, la paz y la autonomía de sus pueblos.

Teófilo Kukush instó al Pamuk del GTAA y a su dirigencia a una reunión presencial inmediata de 10 autoridades y parlamentarios de ambas naciones para fortalecer la unidad institucional.

Señaló que la seguridad es compartida, “esto en aplicación de los acuerdos, proponemos que el control socioambiental sea asumido efectivamente entre los dos GTAs, a través de sus sistemas, bajo un mando único de vigilancia socioambiental en zonas críticas de bajo Kanus.

“La defensa del territorio integral es una obligación histórica, cultural, moral y espiritual”, finalizó Teófilo Kukush.

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