Minería ilegal en Perú representa el 50% de la producción de oro, advierte Instituto de Ingenieros de Minas
Gerente general del IIMP indicó que la expansión de la minería ilegal viene privando al país de recursos económicos y debilitando el Estado de derecho.
La República en GoogleLa minería ilegal sigue avanzando en diversos territorios del país, imponiéndose en la mayoría de casos, con violencia y afectando a poblaciones enteras. Según el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo de Vinatea, la creciente participación de esta actividad ilícita en la producción aurífera viene restando recursos al erario público.
“El 50% del oro que se extrae hoy en el Perú es de procedencia ilegal. Eso significa que no deja nada a los peruanos, que somos los verdaderos propietarios de ese recurso”, declaró el abogado a RPP. Y es que la informalidad no solo genera pérdidas tributarias, sino que también debilita el Estado de derecho en varias zonas.
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Todos estos puntos los compartió con los integrantes de la mesa de diálogo entre representantes del Poder Ejecutivo y los mineros informales, que viene sesionando cada viernes. En dicho espacio, enfatizó la necesidad de separar el desarrollo legítimo de la minería artesanal de las estructuras ilegales que se benefician con el vacío normativo.
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Fin del Reinfo como escudo de impunidad
A fines de junio, el gobierno oficializó el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, con el que amplía hasta fin de año el plazo para que los pequeños mineros y mineros artesanales terminen su proceso de formalización a través del Reinfo. Para De Vinatea, no debería prorrogarse más la vigencia de este registro.
“No puede permitirse más prórrogas ni nuevos nombres que perpetúen el sistema actual. El daño que la minería ilegal le hace al país ya es evidente para todos los peruanos”, sostuvo.
El IIMP ha solicitado que se incluya en la mesa técnica a los mineros que han conseguido formalizarse, con el fin de replicar sus experiencias exitosas. De acuerdo con De Vinatea, comprender cómo ciertos actores han superado las barreras burocráticas puede contribuir a desarrollar una política de formalización más efectiva.
Mesa técnica sobre minería sesionará este viernes
Según informó el titular del Minem, Jorge Montero, a Exitosa Noticias, este viernes 1 de agosto se realizará la cuarta sesión de la mesa técnica integrada por el Poder Ejecutivo, instituciones del Estado y los gremios de la minería artesanal. Su agenda ha venido centrándose en la revisión de las normas que generaron las protestas de la Confemin, los derechos laborales de los trabajadores de este sector, las interdicciones en varias regiones del país y los desafíos de la Ley Mape.
"Vamos a avanzar sobre temas puntuales. Hemos planteado una clasificación de registros autorizados para su formalización minera hasta el 31 de diciembre. La mitad de ellos están trabajando en concesiones de terceros y requieren de un contrato de explotación. Por lo menos, deben tener la oportunidad de sentarse en una mesa para discutir este asunto. Además, unos 15.000 están en situación distinta, son titulares de concesiones o se ubican en áreas de concesiones extinguidas. Su proceso de formalización necesita de otras estrategias diferentes", agregó.
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Por su parte, el presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, declaró a este medio que, en la tercera sesión de la mesa técnica, se acordó paralizar las interdicciones contra los mineros en vías de formalización y aquellos que fueron excluidos del Reinfo, a partir de la intermediación de la Defensoría del Pueblo.
Si bien el Poder Ejecutivo no quería ceder en ese aspecto, finalmente aceptó la suspensión de este tipo de medidas. Además, Bequer refirió que, este miércoles, el subgrupo de trabajo encargado de revisar las normas relacionadas con el proceso de formalización, presentará la propuesta de modificación de plazo de 90 días para que los mineros informales cuenten con autorización de uso de explosivos ante Sucamec.
"Lo primero que debemos discutir es el tema de los explosivos, de Sucamec. Tiene que haber una norma que modifique los plazos y todos podamos llegar al 31 de diciembre en el proceso de formalización. Después, abordaremos la situación de los 50.000 excluidos porque estamos esperando un informe del Ministerio de Justicia", sentenció.
