
Diez días después de ser vacada, Dina Boluarte ya había iniciado el trámite para obtener una pensión vitalicia y todos los beneficios logísticos que la ley concede a los expresidentes. Según el reportaje de Cuarto Poder, fue la propia exmandataria quien envió una carta firmada a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, para solicitarle el pago inmediato de su pensión.
En el oficio, Boluarte pide la pensión que reciben los expresidentes. “Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y en mi condición de expresidenta constitucional de la República, le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley 26519”, menciona.
Además, pide que se le asignen todos los beneficios de apoyo. “Solicito que se me asignen los beneficios logísticos y de personal señalados en el Acuerdo de Mesa Directiva N° 78 de 2016", se lee.
Estos beneficios incluyen un vehículo oficial de por vida para uso personal, 150 galones de gasolina mensuales equivalentes a entre S/ 2.200 y S/ 2.500, personal de seguridad del Estado, un asesor y la contratación de un trabajador CAS elegido por ella, con un sueldo de S/3.700 mensuales.
Martín Cabrera, especialista en gestión pública, detalla que “esa platita sale de la planilla del Congreso. Ella va a ser, dicho en términos coloquiales, una jubilada del Congreso de la República.” También precisa que no existe restricción alguna para el cobro de la pensión. “No, en tanto no haya una acusación constitucional aprobada por el Congreso”, declaró para Cuarto Poder.
Tres meses antes de dejar el cargo, y cuando su gobierno atravesaba una fuerte crisis de legitimidad, Boluarte consiguió un incremento salarial sin precedentes: pasó de ganar S/15.600 a S/35.568 mensuales. Este aumento, aprobado por funcionarios de su propio entorno, podría impactar directamente en el monto de la pensión que ahora reclama.
Aunque la ley fija topes, la decisión final recaerá en el Congreso. Cabrera asegura que el Parlamento terminará decidiendo el monto. “No le corresponde 35 mil soles. El Congreso tiene la pelota en la cancha para reevaluar cómo se deben manejar los beneficios que deben percibir los exjefes de Estado", explica.
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Pero este no es el único reclamo económico de la expresidenta. Boluarte exigió al RENIEC, su antiguo centro laboral, gratificaciones, bonos y beneficios sindicales en periodos en los que ocupó cargos de confianza, pese a no pertenecer al sindicato. Pidió S/428.905, pero un fallo judicial determinó que solo le correspondían S/239.000.
Además, su defensa legal en diversos procesos fiscales continúa siendo financiada con recursos públicos.
Mientras avanzan sus trámites, Boluarte ha reiterado que está en paz consigo misma. Tras dejar el cargo, declaró que tiene la consciencia limpia. “Me voy tranquila y me voy en paz y que viva el Perú", dijo.
“Estoy tranquila con mi consciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí”, agregó.
Sin embargo, su salida del cargo estuvo marcada por cuestionamientos, denuncias y una histórica desaprobación hacia su gestión. Aun así, hoy, a sus 63 años, espera que el Congreso defina si recibirá una pensión mensual que podría bordear los S/35.000, junto con un paquete de beneficios vitalicios financiados con fondos públicos.

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