Caso Manta: Corte Suprema demora justicia para víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno

María y Teresa, dos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el distrito huancavelicano de Manta durante el conflicto armado interno, esperaron durante casi 40 años para alcanzar justicia. En junio del año pasado 10 militares en retiro fueron condenados en primera instancia. Sin embargo, el fantasma de la impunidad sigue presente, pues la Corte Suprema ha postergado dos veces la audiencia para ver la apelación de los sentenciados.

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La Sala suspendió la diligencia por primera vez el 17 de julio pasado, y volvió a hacerlo el último miércoles 19 de noviembre. Sin aviso previo, el mismo día, los magistrados decidieron no llevar a cabo la audiencia, sin importar que ambas mujeres dejaron todo para acudir a la convocatoria. Una de ellas, incluso, viajó durante horas desde su natal Manta.

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Los magistrados también debían evaluar los recursos pidiendo que se les apliquen las leyes de amnistía y prescripción de lesa humanidad. Todo quedó paralizado.

Junto a María y Teresa, estaban también los familiares de Marilia, otra víctima de violación de militares que estuvieron destacados en Manta, y quien falleció un mes antes de la sentencia. Las tres sufrieron múltiples abusos del personal militar siendo adolescentes, quienes brindaron sus desgarradores testimonios ante los jueces durante el proceso.

Solo dos detenidos

La abogada de Demus, Cynthia Silva, que representa a tres de nueve víctimas que se incluyeron en la demanda, explica que dicha suspensión vulnera los derechos de las mujeres de Manta, pues se les está negando la seguridad de que la justicia obtenida en junio del año pasado no se transforme en impunidad. “Con este tipo de decisiones, la justicia les está dando la espalda”, refirió.

“Tocaba que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo de los cuestionamientos a la sentencia y a la solicitud de aplicación de las dos leyes que busca eximirlos de responsabilidad”, agregó.

Remarcó que para las víctimas es importante cerrar de una vez este caso en la última instancia, pues siguen sufriendo la estigmatización de su comunidad. Contar con una condena definitiva las resarcirá de alguna manera.

Indicó que solo dos de los militares en retiro, Sabino Valentino Rutti y Lorenzo Romero, están detenidos y cumplen la sentencia en el penal. La Sala los condenó a penas de entre 6 y 10 años. Uno de los acusados ha fallecido y siete siguen en libertad.

“Hacemos un llamado para que las órdenes de captura se reactiven las veces que sean necesarias y para que se les incluya en el programa de recompensas”, requirió Silva.

Otro tema que sigue pendiente es el pago de reparación civil ordenado por la Sala, de la cual debe hacerse responsable el Estado a través del Ministerio de Defensa. Ellos también han presentado un recurso de nulidad, la cual debe ser vista por la Corte Suprema.

Fue un ataque sistemático

El caso Manta es el primero de violaciones sexuales colectivas que han sido consideradas delitos de lesa humanidad debido al contexto de conflicto en el que se dieron. En la sentencia también se resalta que estas acciones no fueron individuales o aisladas, sino un ataque sistemático y generalizado del Ejército hacia las adolescentes y mujeres mantinas.

La sentencia del 19 de junio de 2024 reconoció que estos crímenes fueron de lesa humanidad, cometidos de manera sistemática y como parte de una política contrasubversiva discriminatoria.

“Las mujeres de Manta no pueden seguir suspendiendo sus vidas por la incapacidad del sistema de justicia. Exigimos que la Corte Suprema cumpla su rol: dar celeridad, confirmar las condenas, establecer penas proporcionales al daño causado y garantizar reparaciones civiles justas”, sostuvo la abogada de Demus.