
El congresista Héctor Valer de Somos Perú presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para aumentar a ocho el número de fiscales supremos titulares. Su argumento es "fortalecer la autonomía" del Ministerio Público, aunque la iniciativa en la práctica buscaría intervenir en la estructura de los organismos de justicia.
"La Junta de Fiscales Supremos está integrada por ocho Fiscales Supremos Titulares. En caso de ausencia o impedimento de alguno, las sesiones y votaciones se realizan con los que estén habilitados. El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros titulares, por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos", es lo que diría el artículo 37 si es que llega a ser aprobado.
Este proyecto que fue admitido a Trámite Documentario del Congreso el 18 de noviembre de 2025, llega apenas días después de que Valer promoviera otro polémico proyecto para elevar de 20 a 58 los jueces supremos en la Corte Suprema, bajo el argumento de reducir la provisionalidad, pese a que la medida implicaría un incremento millonario del gasto público y una reconfiguración completa de la más alta instancia judicial.
Proyecto de Ley presentado por Valer. Foto: Congreso
Ahora este nuevo proyecto sobre la Junta de Fiscales Supremos plantea formalizar ocho plazas titulares, lo que, en la práctica, permitiría reemplazar la actual estructura compuesta por seis titulares y dos provisionales. Ello ocurre en un momento en el que la reciente reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, ordenada judicialmente y resistida por la Junta Nacional de Justicia, mantiene en el limbo la titularidad del Ministerio Público.
La propuesta de Valer aparece justo cuando la JNJ se mantiene en desacato lo que genera un momento de disputa abierta por el control de la Fiscalía. En ese contexto, aumentar el número de titulares no es una decisión neutral: cambia la correlación de fuerzas al interior de la Junta de Fiscales Supremos y podría reducir el peso de Espinoza, cuyo retorno resulta incómodo para sectores políticos que se encuentran siendo investigados.
Valer sostiene que su iniciativa busca “claridad normativa”, ya que la ley vigente no especifica cuántos fiscales supremos titulares deben integrar la Junta. Sin embargo, el proyecto llega en un momento que levanta todas las alertas por la orden de reincorporación de Espinoza.
Al elevar a ocho los titulares, Valer abre la puerta a “regularizar” plazas que hoy son ocupadas provisionalmente. Algo similar a lo que propone en el Poder Judicial: reemplazar provisionalidad con titularidad sin garantizar concursos de meritocracia o independencia real. En los hechos, esto permitiría colocar nuevos fiscales supremos justo cuando el Ministerio Público debate decisiones claves.
Además, la simultaneidad de ambos proyectos, modificar la Ley Orgánica del PJ y la Ley Orgánica del MP, podría mostrar las intenciones de Valer de alterar la composición de las más altas instancias de justicia, bajo el argumento de "fortalecer la autonomía".
Aunque Valer afirma que elevar a ocho los fiscales supremos “no generará gasto”, formalizar plazas titulares sí implica remuneraciones más altas y costos permanentes. El presupuesto no contempla estas plazas de forma estable, por lo que el argumento de que “ya están financiadas” podría ser engañoso. Cabe recordar que el Ministerio Público cuenta con recursos limitados por lo que la propuesta podría terminar siendo otro gasto más.

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