
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para imponer una medida cautelar sobre el inmueble ubicado en el Jr. Alfonso Ugarte Bernal, en Barranca, del cual la parlamentaria María Cordero Jon Tay, que perteneció a la bancada de Fuerza Popular, figura como copropietaria. Este inmueble se encuentra valorizado en S/200 mil y se toma como garantía de una futura reparación civil por el caso de presunto recorte de sueldos a un asesor.
Cordero Jon Tay, actualmente suspendida de sus funciones, afronta una investigación por el delito de concusión, que castiga al funcionario que abusa de su cargo para obligar a otra persona a entregar indebidamente dinero o algunos otros beneficios. En el caso de Cordero, las imputaciones indican que durante el 2022 la congresista habría exigido a su asesor, Rafael Cabrejos, entregar hasta el 75% de su salario mensualmente, bajo la amenaza de perder el puesto.
Foto: Poder Judicial
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Los hechos fueron revelados por un reportaje emitido por Punto Final en abril del 2023, que difundió audios en los que se escucharía a la legisladora exigir dinero con frases como “Vamos al cajero entonces, yo necesito”, “Esa plata es intocable” y “Así como tú tienes cuentas, yo también tengo cuentas, debo y no tengo qué ponerme, hasta mis alhajas he empeñado”.
“Todo es gasto. Una ida a Tumbes no más, cada vez que me iba en el tiempo de campaña, un ida y vuelta tenía que tener 5.000 8.000, 10.000 soles. Cuando iba Keiko, tenía que tener 30.000, 50.0000 en el bolsillo del chaleco. Cuando va Kenji, no baja de 50.000, 40.000; hay que tener en el bolsillo. ¿Qué cosa crees tú? Las camionetas alquiladas, ¿cuánto crees que me costaron?”, se escucha en otro audio.
Debido a esto, el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria determinó que Cordero había vulnerado los principios de rectitud al presionar a su asesor para entregarle parte del dinero de su sueldo. Por ello, el Pleno del Congreso aprobó en diciembre del 2023 sancionarla con 120 días de suspensión y descuento de haberes. Pero, más adelante se dispuso que su suspensión dura mientras la investigación siga en curso.
Ya en agosto del 2024, el Poder Judicial impuso a la congresista comparecencia con restricciones, por lo que tenía prohibido intentar comunicarse con testigos, debía pasar control biométrico y le impusieron un monto de S/50 mil como garantía mientras sigue el proceso. Según la Procuraduría, la reparación civil ascendería a S/200 mil, S/ 100 mil por daño a la imagen del Estado y la misma cantidad por daño a la institucionalidad pública.
El juez Juan Carlos Checkley, que emitió la resolución, señaló que el embargo es proporcional y necesario para cubrir los daños ocasionados al Estado en caso de que el proceso confirme la responsabilidad penal de la suspendida legisladora. Aunque la congresista podrá disponer de la propiedad, cualquier transferencia quedará sujeta al monto embargado; es decir si ella lo vende, transfiere o hipoteca el embargo seguirá afectando al bien.

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