El proyecto de Cordero Jon Tay amenaza el acceso ciudadano a la información
Arremetida. Con la excusa de proteger a los procesos de colaboración eficaz, la iniciativa legislativa –de ser aprobada– terminará favoreciendo el encubrimiento de actos de corrupción.
El proyecto de Acción Popular que propone penalizar la difusión de información producto de la colaboración eficaz busca evitar que información de interés público llegue a los ciudadanos y así proteger a quienes han incurrido en actos de corrupción, advirtió el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
La iniciativa, presentada por el congresista Luis Cordero Jon Tay, pretende castigar a los fiscales en caso de cualquier tipo de filtración.
El CPP, a través de un comunicado, ha pedido su archivamiento.
En declaraciones a este diario, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del CPP, advirtió que el proyecto resulta ser “una mordaza encubierta”, porque si bien –formalmente al menos– no limita la libertad de expresión de un periodista, sí lo hace con la transmisión de información desde el sistema del Estado hacia los medios de comunicación.
“La fuente de información es la que está siendo perjudicada y es el ciudadano el que no recibirá información ni análisis sobre los funcionarios del Estado”, consideró.
Salazar dijo que, en ese sentido, se trata de una propuesta legislativa hecha “a la medida de los intereses turbios del Congreso”. Advirtió que la han firmado congresistas investigados.
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“Lo que se quiere evitar es que la gente reciba información mediante la prensa”, añadió.
El proyecto apunta también a que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio, advirtió el representante del CPP.
“Interés propio”
“Es absurdo. ¿Cómo una foto o un video podría carecer de valor probatorio? Por ejemplo, lo de los mochasueldos se destapó mediante la prensa. Varios medios difundieron chats, pantallazos. ¿Por qué no se podrían usar las evidencias publicadas? Recordemos que una de las personas involucradas en el caso de mochasueldos es, precisamente, la hermana del señor Luis Cordero (María Cordero Jon Tay), quien fue suspendida. Es manifiesto el interés propio”, indicó Salazar.
Asimismo, Salazar consideró que la Fiscalía atraviesa por una coyuntura crítica que, incluso, ha minado su propia reputación, con demoras en casos de investigaciones importantes.
“Si no se puede confiar en el Ministerio Público, y no puede llegar la información a la prensa, ¿qué le queda al ciudadano? ¿Vivir en el oscurantismo? Es una iniciativa para que no se conozca la turbiedad de quienes ejercen el poder”, declaró.
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Por su parte, el congresista de AP, Luis Aragón, aseguró que no hay “apresuramiento” para que el proyecto sea aprobado y que tiene que haber un debate con representantes de la Fiscalía, abogados, etc. “La finalidad es garantizar la vigencia del principio de reserva del proceso de colaboración eficaz”, dijo.
La clave
Peligro. “De aprobarse este proyecto, el principal perjudicado será el ciudadano, quien no podrá enterarse de vital información de interés público que comprende a funcionarios. Por consiguiente, los actos de corrupción quedarán encubiertos”, señaló el CPP.
Mordaza encubierta
El proyecto de Luis Cordero apunta a sancionar a los fiscales y que la información no llegue a los medios.