
El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, rechazo la decisión del Poder Judicial que ratificó su proceso penal, negando un recurso que buscaba anular el juicio oral que se le sigue por presuntos delitos de cohecho pasivo propio (cobro de sobornos).
En una audiencia, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa del exmandatario, con el que se pretendía declarar nulo el auto de enjuiciamiento que dio inicio al proceso. Esta decisión asegura la continuidad del juicio oral en el que la Fiscalía busca una condena por los supuestos pagos ilícitos que Vizcarra habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
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A través de sus redes sociales, el expresidente Vizcarra afirmó: “La decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de casación, que buscaba corregir diversos vicios de procedimiento y graves vulneraciones en mi proceso, es una decisión que acato, pero que no me detiene, ni me doblega".
Vizcarra ha reiterado su postura de que el juicio en su contra responde a una "persecución política" orquestada por "operadores políticos" que buscan sacarlo de la esfera pública y silenciar su voz. A pesar de la decisión de la máxima instancia judicial, el exmandatario aseguró que continuará colaborando con el sistema de justicia y defendiendo su inocencia en el juicio oral.
La acusación fiscal se centra principalmente en dos casos ocurridos en la región Moquegua: las presuntas coimas recibidas para la adjudicación de la obra de ampliación de Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.
Según la tesis del Ministerio Público, Vizcarra habría condicionado la firma de estos contratos a un pago ilícito que, en el caso del Hospital de Moquegua, ascendería a S/1.3 millones. La Fiscalía sustenta su caso con testimonios de colaboradores eficaces y ejecutivos de las constructoras involucradas (como ICCGSA y Obrainsa), quienes han confirmado en distintas audiencias la entrega de dinero en efectivo al exgobernador.
La ratificación del proceso penal significa que el juicio oral continuará su curso con la presentación de alegatos, pruebas y testigos, acercando al expresidente a una posible sentencia por los delitos imputados.

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