
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ordenó el archivo definitivo de la carpeta fiscal abierta contra la congresista Gladyz Echaíz por el presunto delito de abuso de autoridad. Según una denuncia anónima, la parlamentaria habría intervenido de manera directa e indebida en un concurso público de oposición de méritos para la designación del director general de la Academia de la Magistratura (AMAG), a través de un oficio remitido el 24 de septiembre de 2024, un día antes de la entrevista de los candidatos finalistas al concurso.
Tras la evaluación respectiva, el fiscal de la Nación consideró que no existe mérito para formular una denuncia constitucional. Así se lee en el documento de disposición fiscal difundido por el periodista Martín Sarmiento en su cuenta de X.
Fue una denuncia anónima la que alertó del presunto hecho. Se señaló a la legisladora como supuesta responsable de la comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia, coacción y otros, en agravio del Estado. Según la denuncia, la presunta interferencia en el concurso público de la Academia de la Magistratura (AMAG) se habría realizado con el propósito de favorecer a su exasesor de confianza Ernesto Lechuga Pino.
Con la disposición n.° 01 de fecha 16 de septiembre de 2025, la Fiscalía ordenó iniciar investigación preliminar contra la parlamentaria durante un plazo de 120 días y disponiéndose se practiquen diversos actos de investigación.
El proyecto que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Academia de la Magistratura (AMAG) fue presentado por la congresista Gladys Echaiz. Esta propuesta busca asumir las funciones de estas instituciones con la Escuela Nacional de la Magistratura.
La AMAG calificó la iniciativa como "inviable" debido a que «la aprobación de dicho proyecto conlleva a la supresión» de la institución. De acuerdo a su Consejo Directivo, la entidad "viene cumpliendo de manera adecuada su misión institucional, considerando necesario se le otorgue un mayor presupuesto para la mejora de sus funciones".
La JNJ, por su parte, sostuvo que "no existe una justificación razonable para generar una reforma constitucional de creación de un organismo (…) cuando ya existe uno que cumple las mismas funciones".
En agosto de este 2025, la parlamentaria sustentó su propuesta ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, que preside la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA).
"En el país se necesita una escuela para jueces, no una universidad que permita una mejor preparación profesional duradera en el tiempo con capacidad de enfrentar uno de los problemas más álgidos, pero básicos y esenciales en un Estado de derecho, que es resolver los conflictos en forma independiente, objetiva y con concepto doctrinario", dijo.

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