
El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, en medio de las movilizaciones que han cobrado fuerza en la capital. Entre las restricciones impuestas incluye la suspensión del derecho de reunión, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo que entró en vigencia este miércoles.
Coincidentemente, la Generación Z ha convocado a un paro nacional para este viernes 14 de noviembre, con el fin de exigir justicia por el asesinato del joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz, quien murió a manos de la policía el 15 de octubre.
Ante esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aclaró que el derecho a la protesta se mantiene vigente, pero con algunas restricciones.
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Señaló que el Ejecutivo busca aplicar una medida “racional y proporcional”, dependiendo de la magnitud de las movilizaciones.
Como ejemplo, mencionó la reciente manifestación de mineros artesanales frente al Congreso, la cual, según precisó, se desarrolla de manera pacífica y con una asistencia que no supera las 300 personas.
Además, explicó que el estado de emergencia tiene como propósito regular las concentraciones multitudinarias durante el periodo de emergencia. Detalló que se considerará “evento masivo” a toda actividad que reúna a más de tres mil personas, conforme a los parámetros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
En esos casos, será obligatorio contar con la autorización previa de la municipalidad correspondiente o de la Policía Nacional.

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