
El Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte se reunirán con los gremios de transporte este jueves 8:30 de la mañana en Palacio de Gobierno. Ello con la finalidad de lograr medidas concretar para frenar la alta ola de inseguridad ciudadana que afronta el Perú y que las autoridades no han podido dar solución. La reunión se llevará a cabo luego de que, último lunes 6 de octubre, la jefa de Estado propuso no contestar llamadas y mensajes para evitar las extorsiones.
En ese contexto, a través de un comunicado compartido en X (antes Twitter), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que ambos poderes del Estado participarán de manera conjunta en la mesa de trabajo junto con los altos funcionarios del Estado.
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"Es momento de dar el ejemplo a la población que, en situaciones difíciles, solo el estar unidos en busca de la mejor solución en favor de la ciudadanía puede traer resultados importantes", dijo la PCM.
Actualmente, la gestión de Boluarte Zegarra lleva más de 5.400 víctimas que deja la inseguridad ciudadana. Hoy, en horas de la mañana, lejos de su propuesta de no contestar el teléfono, dijo que el crimen se combate con "estrategia".
En esa misma línea, el Parlamento también emitió un comunicado en el que asegura que, en coordinación con la PCM, acordaron reuniones conjuntas con diversas instituciones y gremios, sobre la base "de lo ya avanzado". "La seguridad ciudadana requiere acción y consenso", mencionó.
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Como se recuerda, en la reunión del martes 7 de este mes, entre los gremios del transporte y el Legislativo, los representantes de los trabajadores de transportes resaltó que la cantidad de leyes que se aprueban en el Parlamento "no garantiza que las cosas funcionen" correctamente en la lucha contra la inseguridad.
"El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes, y es el país más corrupto. No garantiza la cantidad de leyes que las cosas funcionen, ¿cierto? Entonces, aterrizamos que necesitamos pocas leyes, pero concretas, no necesitamos aperturar mucho, eso creo que está claro", dijeron.
Una declaración de emergencia en el sector transporte facultaría al Gobierno para implementar medidas excepcionales durante un período determinado, con el fin de restablecer la seguridad y el orden en esta área. Estas acciones podrían incluir:
Además, se contemplaría el fortalecimiento de la inteligencia policial y la implementación de programas de recompensas por denuncias seguras, junto con la creación de un fondo de apoyo para las familias de las víctimas y la obligatoriedad de seguros de vida y salud para los choferes formales.
En conjunto, esta declaratoria permitiría agilizar procesos de compra y contratación, eliminando trabas administrativas y garantizando respuestas más rápidas frente a la delincuencia.

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