Congreso apela decisión del PJ que ordena pensión vitalicia a Pedro Castillo

El Congreso de la República, a través de su Procuraduría Pública, presentó un recurso de apelación contra la resolución del Poder Judicial que ordena otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. El Legislativo busca que el fallo sea revocado y que se declare improcedente la demanda de amparo interpuesta por el exmandatario.

La resolución apelada fue emitida por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima. En ella, se declaraba fundada la demanda de Castillo y se disponía que reciba la pensión vitalicia equivalente a la remuneración de un congresista en funciones. El beneficio ascendería a S/ 15.600 mensuales.

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El Parlamento había rechazado en abril y mayo de 2024 la solicitud de pensión, invocando el artículo 2 de la Ley 26519, que suspende el pago para expresidentes acusados constitucionalmente, salvo que exista una sentencia que los declare inocentes. Bajo ese argumento, el Congreso negó dos veces el pedido de Castillo.

Sin embargo, el Poder Judicial consideró que el Legislativo aplicó de manera desigual esta norma, recordando que en casos anteriores se concedió la pensión a expresidentes cuestionados, como Alberto Fujimori. Este criterio fue decisivo para que la jueza otorgara la razón al exmandatario, lo que ahora es materia de apelación por parte del Congreso.

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Pedro Castillo vuelve a rechazar juicio en su contra

Durante una reciente audiencia judicial, Pedro Castillo volvió a rechazar los cargos que enfrenta por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. El exmandatario cuestionó la legitimidad del proceso y sostuvo que este responde a una persecución política. Incluso ironizó diciendo que sería mejor que se le imputen “todos los delitos del Código Penal” para no prolongar más el juicio.

El tribunal evaluó la posibilidad de ampliar la acusación e incluir el delito de conspiración para la rebelión, además de los cargos ya existentes por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Castillo criticó esa medida y afirmó que se trata de una maniobra para endurecer las penas en su contra.

El caso también involucra a exfuncionarios de su gobierno, como la exprimera ministra Betssy Chávez, quienes enfrentan acusaciones por su presunta participación en los hechos. De confirmarse las imputaciones, Castillo podría recibir una condena de hasta 34 años de prisión, lo que marcaría uno de los procesos judiciales más severos contra un expresidente en la historia reciente del Perú.