
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta un juicio oral en su contra en el marco de las investigaciones por los casos Odebrecht y OAS, que comenzó este martes 23 de septiembre. Durante la audiencia en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Villarán aseguró que cuenta con ingresos mensuales de, aproximadamente, S/5.000.
La exburgomaestre brindó esta información al momento de acreditarse ante los magistrados del juicio oral. De igual manera, afirmó que, actualmente, es pensionista y cuenta con bienes a su nombre por las acciones de una empresa de la que forma parte junto con sus hermanos.
"¿Su ocupación?", preguntó el juez. "Ahora soy pensionista", respondió Villarán. "¿Cuáles son sus ingresos promedio?", cuestionó el magistrado. "Promedio, cinco mil soles mensuales", aseguro la exalcaldesa. "¿Registra antecedentes?", inquirió. "No", afirmó la exburgomaestre. "¿Bienes a su nombre?, indagó. "Un conjunto de acciones de unas tiendas que comparto con mis siete hermanos", detalló.
Villarán afrontará el juicio oral en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho (soborno), lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en el marco de las indagaciones por el caso Lava Jato.
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En horas de la mañana, previo a iniciarse la audiencia, la exalcaldesa Susana Villarán se presentó en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para el inicio de su juicio oral. A pocos metros de la sede del Poder Judicial, expresó su deseo de que se haga justicia en el proceso y que "se hable con la verdad".
"Ustedes (la prensa) me conocen, espero que me dejen ingresar con paz y tranquilidad, para dar inicio a un momento que esperado durante muchos años. Espero justicia, respeto, imparcialidad y que se hable la verdad", expresó.
El Ministerio Público solicitó una pena de 29 años de prisión para Susana Villarán por los supuestos delitos de colusión, asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Según la Fiscalía, Villarán habría recibido aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas, comprometiendo con ello concesiones viales en la capital.
Según la tesis fiscal, los aportes de las empresas brasileñas fueron determinantes en la campaña contra la revocatoria de 2013, que permitió a Villarán permanecer en el cargo, así como en su campaña de reelección de 2014. A cambio, se habrían otorgado contratos como el de Rutas de Lima y la concesión de Línea Amarilla.

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